03/12/2016 Se solicitó a la Justicia que restituya el edificio del CIC de La Movediza  
 

Los abogados Analía Mastropierro y César Bayerque, en representación de la dirección de Asuntos Legales del municipio, presentaron esta mañana ante la Justicia local una medida tendiente a desalojar lo antes posible el Centro Integrador Comunitario (CIC) del barrio La Movediza, tomado por un grupo de activistas políticos.

“Hemos iniciado una demanda de desalojo por intrusión contra los señores Olano, Maestrojuan, Bravo, la señora Almaraz y cualquier otro ocupante del inmueble sito en La Pastora y Misiones, en razón de la ocupación que se lleva a cabo desde el 20 de octubre”, reveló Mastropierro e hizo saber que se aguarda la radicación ante alguno de los tres juzgados civiles y comerciales con asiento en Tandil.

Entre las justificaciones esgrimidas para la presentación de la demanda, la funcionaria aseguró que “el accionar de los intrusos afecta derechos de los demás ciudadanos”. En ese sentido explicó que por la presencia y los actos de los ocupantes del CIC, se han dejado de prestar o resentido servicios de salud, cursos de capacitación y otras actividades que normalmente se desarrollan en el centro comunitario.

“En el Salón de Usos Múltiples funciona un centro de formación para adultos, otro de informática, se dicta un curso de construcción ciudadana, uno de reparación de PCエs, talleres de dibujo y pintura y otras actividades, todas las cuáles se vieron suspendidas por la toma del edificio”, explicó Mastropierro.

Pero también se ve resentida la práctica de deportes y aunque los ocupantes prometieron no entorpecer las cuestiones relacionadas con la atención de la salud, esto no se cumplió, lo que nos da más razones para pedir que se restituya ese edificio a toda la comunidad rápidamente y deje de ser botín de un grupo minúsculo y con intereses políticos evidentes, manifestaron los profesionales.

Los tiempos judiciales de la medida cautelar innovativa -que consiste en la inmediata restitución del inmueble- podrían acelerarse porque una demora implica el peligro de seguir resintiendo servicios importantes para la comunidad, y citaron que existe jurisprudencia: “El caso de un predio de Bodegas Giol que fue ocupado ilegalmente se resolvió en quince días”, remitió Mastropierro y confió que “por estos antecedentes el pedido del Municipio tiene buen pronóstico y podría resolverse en el mes de diciembre”.


 
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