24/02/2018 En abril surgió un arduo debate parlamentario  
 

Según consta en el archivo del diario Clarín, durante mediados de abril la Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto que convierte a la trata de personas en un delito federal.
La Ley de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas modificará el Código Penal, tipificando como delito la trata de personas, con agravantes cuando las víctimas son menores de 18 años. Las penas van de los tres a los quince años de prisión.
Establece también que la trata de personas es un delito federal, lo que permite que los jueces y fiscales federales transiten las diferentes jurisdicciones -sin pedidos formales en cada provincia- en busca de los responsables, lo que debiera darle mayor celeridad al proceso penal.
La ley apunta a combatir las redes de prostitución, que reclutan chicas de bajos recursos y las engañan para luego hacerlas trabajar bajo presión -que va desde retenerle los documentos, dejarlas sin dinero hasta mantenerlas cautivas-. También para reprimir el trabajo esclavo, por ejemplo de los talleres textiles. Y servirá hasta para combatir la búsqueda ilegal de donantes de órganos.
La nueva normativa generó críticas entre algunos de los movimientos sociales de mujeres y organizaciones que defienden a las víctimas de trata y un duro debate en el recinto. En una carta abierta enviada a los medios por Virginia Franganillo, Martha Pelloni, Marta Bianchi, Dora Barrancos, Elena Tchalidy, Cecilia Lipsczick, Ana Suppa, Susana Checca, Norma Cabrera, Alicia Ruso entre otras, denuncian que la nueva ley obligaría a las víctimas “a demostrar que no hubo consentimiento y sí aprovechamiento de su vulnerabilidad” ya que “revictimiza a la persona explotada invirtiendo la carga de la prueba”. Aseguran que por el miedo que siente una víctima, difícilmente declare en contra de quien la sometió y así se hará difícil probar que hubo sometimiento, requisito necesario para la condena por el delito.
Para los penalistas, este reclamo se asocia a la falta de información sobre la ley. “Es injusto decir que no nos interesa el tema del consentimiento. Esto es falso. Si una persona es víctima de coerción, amenazas o engaños, mal puede decirse que esté en condiciones jurídicas de consentir. Con un arma en la cabeza nadie tiene libertad para decidir qué hacer y qué no hacer. Este es sólo un ejemplo, pero en todos los casos que no hay manifestación voluntaria relevante jurídicamente, es porque están lesionados sus elementos”, aclaró el abogado penalista Martín Casais Zelis, asesor de la diputada Nora César, titular de la Comisión de Legislación Penal.
Para el director del Grupo de Investigación y Acción sobre la Trata de Mujeres y Niñas en Argentina, Esteban de Gori, investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, “es verdad que hay una discusión y posiciones encontradas vinculadas al tema del consentimiento y al abordaje asistencial. Diferencias que no se pueden resolver rápidamente. Pero el Estado necesitaba una ley que ante una cuestión tan compleja suponga la represión del delito. Estoy de acuerdo en que es necesario un abordaje asistencial para las víctimas. Conocemos las situaciones empíricas y concretas”.
El ministro de Justicia de la Nación, Aníbal Fernández, participó como coautor del proyecto de ley. A partir de ahora podrá dar luz verde al Programa Nacional de Prevención y Erradicación de la Trata de Personas y de Asistencia a sus Víctimas, creado en octubre pasado mediante un decreto presidencial.

 
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