11/11/2008

Locales

Volverán a intimar a las autoridades de la Protectora de Animales Tandil

Elsa Salazar, socia de la Protectora de Animales Tandil, quien junto a Ana y Matías Perdersen piden explicaciones mediante el Poder Judicial en torno a la cuestionada cesión de dos terrenos por parte de autoridades anteriores, adelantó que la parte actora volverá a intimar a Gustavo Desiati, actual presidente de la entidad, para que presente la documentación solicitada por la magistrada.
En contacto con LA VOZ, Salazar además criticó con dureza la última aparición pública de Desiati junto a Daniel Saltalamacchia, quien era el titular de PAT hace 10 años, cuando se originó la operación inmobiliaria, que permitió a un veterinario, empleado municipal y trabajador de la institución, hacerse de los inmuebles.
El martes pasado, la entrevistada junto a Pedersen mantuvieron una reunión con su abogado patrocinante, el doctor Miguel Ibarlucía, profesional con el que decidieron insistir por los caminos legales para que la contraparte exhiba a la magistrada que investiga el caso todos los libros referidos a la transacción de los inmuebles.
“Que respondan a la Justicia y dejen de hacer payasadas en los medios”, castigó Salazar tras la nota publicada por este matutino, donde los acusados se defendieron de la embestida que sigue su curso en el fuero Civil y Comercial.
“Es un mamarracho lo que dicen”, arremetió la socia disidente para ratificar luego que “volveremos a intimar a las autoridades de PAT para que entreguen toda la documentacion, la que todavía no entregaron”.
Específicamente, quieren desde la parte actora que se muestre “la constancia del acta de asamblea de asociados donde se aprobo la venta de los terrenos, y saber mediante qué acta se ordena la escrituración a favor del veterinario”.
Para Salazar, Desiati y Saltalamacchia “no le contestaron a la Justicia”, realidad que ambos directivos desmienten de plano.
También añadió que “no tienen un argumento serio para responder y embarran la cancha confundiendo a la gente y haciéndose las víctimas”.
Sobre la acusación que endilga a Salazar y Pedersen el haberse guardado libros de actas de la entidad, cuando eran gestión, la entrevistada reconoció que “tenemos un archivo histórico pero nada que interfiera en los mecanismos de transparencia de la entidad”.

RESPUESTA
De esta manera, Salazar contrarrestó los contenidos de la entrevista publicada el pasado viernes en LA VOZ, donde Saltalamacchia se preguntó abiertamente: “¿sabrá la jueza que lo que ellos piden lo tienen en su poder?”.
El ex presidente de la Protectora de Animales Tandil, se defendía así de las suspicacias que plasmaron en la Justicia tres socios disidentes, en torno a la cuestionada cesión de terrenos, hace una década.
Junto al actual presidente, Gustavo Desiati, realizaron una extensa exposición de documentación para replicar las dudas que plantearon, en los medios y en el fuero Civil y Comercial, Elsa Salazar, Ana Gatti de Pedersen y Matías Pedersen.
Como se recordará, estos tres socios, opositores a la conducción vigente, dejaron entrever cuestiones difusas en el proceso de cesión de dos lotes, donados en 1997 por Carlos Alberto Blanco y Héctor Marcelo Blanco.
Para Desiati, esta campaña de desprestigio por la prensa está perjudicando seriamente a la entidad, que registró un importante “egreso de socios” y “desconfianza popular en la institución”.
Desde su punto de vista, Saltalamacchia asegura que la denuncia responde a “una puja de poderes y una cuestión personal”.
Ahondó en su tesis al sostener un viejo “rencor” tras la acusación. “Una mujer reclamó en 2005, cuando ellos eran gestión, que PAT no tenía lugar para atender a su perra”, y mediante una filmación, que tomó estado público, Saltalamacchia dijo haber desnudado fallas en la administración del predio, “que los animales no estaban bien alimentados y los caniles estaban destruidos”.
Desde ese momento, se profundizaron las diferencias internas en la Protectora, alegó. “Los únicos perjudicados son los animales”, añadieron.
Posteriormente, los entrevistaron, libros y actas en mano, marcaron la secuencia de hechos para sostener que Perdersen “siempre supo” y hasta “aprobó” por escrito y con su firma la cesión de los inmuebles, hoy en el ojo de la polémica.

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