La fiscal Angela Ramos pidió que se revierta la decisión de trasladar al
penal de Campo de Mayo al represor Víctor Alejandro Gallo, condenado en
2012 a 15 años de prisión por la apropiación de Francisco Madariaga
Quintela, nacido en el hospital de esa guarnición del Ejército durante el
cautiverio de su madre desaparecida.
El traslado de Gallo a la Unidad 34 de Campo de Mayo fue dispuesto a
comienzos de este mes por el Servicio Penitenciario Federal (SPF) y
consentido después por el Tribunal Oral Federal 6 (TOF 6) de la Capital
Federal.
No obstante, Angela Ramos, fiscal de la Unidad para causas de lesa
humanidad, pidió rever esa decisión por falencias de seguridad del lugar y
violaciones al derecho nacional e internacional que conlleva el alojamiento
de represores en ese lugar, informó hoy el sitio fiscales.gob.ar.
Antes de recuperar su identidad, en los años "80, Madariaga Quintela
visitaba en el penal de Campo de Mayo a quien en esa época aún creía que
era su padre, el apropiador Víctor Gallo, capitán del Ejército que tuvo
participación en sublevaciones "carapintadas".
La fiscal pidió al TOF 6 que Gallo siga alojado en la cárcel federal de
Marcos Paz y sea anulada la decisión de trasladarlo a la Unidad 34 porque
su alojamiento en ese penal dentro de la mayor guarnición del Ejército en
el país constituiría una "grave violación al debido proceso y del principio
de igualdad ante la ley".
El traslado a ese penal de Gallo y al menos unos cincuenta detenidos más,
entre condenados y procesados por crímenes de lesa humanidad, fue dispuesto
el 1° de diciembre pasado por el director del SPF, Emilio Blanco, con el
argumento de que en ese sitio se les brindará “adecuada asistencia médica a
la tercera edad” y para habilitar plazas en las cárceles federales a raíz
de la sanción de la ley de Flagrancia.
Ramos formuló la presentación luego de recorrer las instalaciones de la
Unidad 34 junto a los fiscales generales Jorge Auat, Alejandro Alagia y a
la coordinadora de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad,
Carolina Varsky.
"No tiene una entrada independiente de la del Ejército", señaló en el
recurso la fiscal y dijo que "se pudo verificar la interacción permanente
de personal del Ejército Argentino dentro de la Unidad penitenciaria,
entrando y saliendo de la Unidad, pese a que, según nos explicó el director
Molina, el predio donde está emplazada la Unidad sería de funcionamiento
exclusivo del SPF".
"Se trata, lamentablemente, de una cárcel improvisada que no reúne en modo
alguno ningún requerimiento de seguridad para evitar que los internos se
fuguen", sin cámaras de seguridad, añadió.
En el recurso que presentó ante el TOF 6, también expresó que les "llamó
poderosamente la atención el lenguaje utilizado por el director de la
Unidad para referirse a las celdas de alojamiento, como habitaciones
individuales o compartidas".
Para la fiscal Ramos, el alojamiento de Gallo en la Unidad 34 de Campo de
Mayo "es inaceptable y contrario" a las leyes de Defensa Nacional y de
Seguridad Interior, entre otras normas nacionales e internacionales.
"Resulta intolerable pensar que Gallo será atendido a partir de ahora en el
mismo hospital donde Silvia Quintela parió en cautiverio al niño que se
apropió y ocultó durante años", subrayó además y recordó que el represor
condenado por esa apropiación tiene 65 años y goza de buena salud.
Al margen del trámite judicial, la Comisión por la Recuperación de la
Memoria de Campo de Mayo, integrada por organismos de derechos humanos,
sindicales y sociales, rechazó el uso de la Unidad 34 como "cárcel VIP"
destinada a condenados por crímenes de lesa humanidad.
El organismo sostuvo que la cuestionada decisión del SPF crea "una
situación de privilegio para los genocidas" en una cárcel que cuenta con
canchas y otras instalaciones deportivas, y "que además fue un centro
clandestino de detención, tortura y exterminio durante la última
dictadura".