La Comisión Nacional de Pastoral de Adicciones y Drogadependencia de la
Conferencia Episcopal Argentina (CEA) advirtió hoy que el proyecto del
gobierno nacional de bajar la edad de punibilidad de 16 a 14 años “no
pareciera razonable en un año electoral y para dar respuesta estatal a
hechos delictivos de trascendencia mediática” y pidió no convertir a los
chicos infractores a la ley penal en “enemigos sociales”.
En una declaración difundida hoy, la comisión recordó asimismo la postura
que tenía sobre el tema el papa Francisco como cardenal primado y arzobispo
de Buenos Aires, cuando en un mensaje a los jóvenes escrito en 2005
advertía que “si bien existe una demanda social muy fuerte a favor de la
institucionalización, los tratamientos con larga privación de libertad no
han logrado buenos resultados”.
“No pareciera razonable que en un año electoral, y que para dar respuesta
estatal a hechos delictivos de trascendencia mediática, baste reducir la
edad de punibilidad de los chicos y aumentar las penas para determinados
delitos, sin garantizar el cumplimiento del sistema de protección integral
de derechos de la niñez, sobre todo en materia de derechos económicos,
sociales y culturales”, según indicó la comisión en el comunicado.
Asimismo señalaron que la intención del gobierno nacional “no se
corresponde con el pedido de Emergencia Nacional en Adicciones "Ni un pibe
menos por la droga"” que hicieron en noviembre pasado y que fue asumido por
el Poder Ejecutivo en un decreto de diciembre.
Si bien la comisión episcopal sostuvo que “no debe rechazarse” el debate
para adecuar la legislación penal juvenil, se señaló que “necesariamente
debe incluir otras perspectivas sociales y jurídicas” y “no puede centrarse
solamente en la persecución estatal” sino en “cómo cumplir con toda la
normativa internacional, nacional y provincial que garantizan derechos a
todas las niñas, niños y adolescentes, sean infractores o no a la ley
penal”.
“No podemos caminar hacia una nueva ley penal juvenil, convirtiendo a los
chicos infractores a la ley penal en casi "enemigos sociales". No podemos
mirar solamente la "fotografía" del hecho que han cometido, sino que
debemos mirar la "película de su vida" para atrás, y así seguramente
advertiremos la vulneración de los estándares mínimos de derechos sociales
e intrafamiliares vulnerados, que también habrá que considerar y hacer
cumplir”, sostuvieron en el texto.
En ese marco, se advierte que la actividad estatal “no puede reducirse
solamente a lograr una reforma de legislación penal para bajar la edad de
punibilidad, sin advertir que estudios estadísticos dan cuenta que un
importante porcentaje de adolescentes infractores a la ley penal son
pobres, varones en su mayoría, que el mayor porcentaje ha cometido delitos
contra la propiedad, que cuentan con fuerte déficit en la escolarización, y
que provienen de familias desintegradas, y de baja calificación
laboral”.
“Cada chico marginado, abandonado, con deficiente acceso a los beneficios
de la educación y de la salud, y que puede encontrarse involucrado también
en una cuestión penal, es la expresión cabal no sólo de una injusticia sino
de un fracaso institucional que incluye tanto a la familia como también a
sus vecinos, a las instituciones barriales, a su parroquia y a los
distintos estamentos del Estado en sus diversas expresiones”, agregó la
declaración.
Y recuerda que ya lo decía el papa Francisco en 2005: “Frente a esta
realidad, aparece una actitud falsamente normativa y de supuesto bien común
que reclama represión y creciente control que va, desde la baja de la edad
de imputabilidad penal hasta su forzada separación familiar, en ocasiones
sometiendo injustamente al sistema judicial situaciones de pobreza familiar
o bien promoviendo una discrecional y abusiva institucionalización”.