La Fiscalía General de Azul resolvió desestimar una instancia de mediación propuesta por el fiscal Gustavo Morey en la causa penal que investiga la escandalosa aplicación de formol en vez de anestesia dentro del Hospital "Ramón Santamarina", en tanto que ordenó al Ministerio Público de nuestra ciudad proseguir con la instrucción.
Según pudo averiguar LA VOZ , el dictamen fue librado en los primeros días de febrero. El organismo que supervisa el accionar de los fiscales entendió que debe profundizarse la pesquisa en el caso de mala praxis que dejó discapacitado al paciente Roberto Rojo.
A más de 2 años del fallido prequirúrgico en el nosocomio comunal (26 de febrero de 2007), el expediente no tiene imputados, pese a que un informe firmado por el anestesista reconoce la comisión del yerro. Incluso la carátula de la causa no sufrió cambios, en tanto sigue los carriles de una denuncia del hecho, formalizada en su momento por el entonces secretario de Legal y Técnica municipal, y hoy presidente del HCD, Juan Pablo Frolik.
El fiscal citó al propio Rojo a la sede que el Poder Judicial tiene en Uriburu Sur, para notificarlo formalmente del posible giro que tendría el expediente, y que concluida la etapa de instrucción, era factible una mediación. Aunque desde Azul desecharon esa alternativa para resolver el caso.
Así las cosas, desde el estudio de abogados Vicente, que asesora al particular damnificado, aguardan que Morey avance en la investigación hasta tanto se concluya la instrucción. Luego, surgirían dos posibilidades: el debate oral o el juicio acotado.
Paralelamente, en la demanda civil entablada por los Rojo a la comuna, que tiene bajo su órbita el Contencioso Administrativo de Azul, se trata de dilucidar el porcentaje de discapacidad que sufrió Rojo tras la aplicación del formol, informe que mereció varias pericias.

LUNGHI Y UN "MANEJO DISTORSIVO"
Mercedes Galardi, esposa de Roberto Rojo, habló con este diario y denunció que el intendente Miguel Lunghi, con el affaire del formol, sigue "escondiendo la basura bajo la alfombra".
"A (Carlos) Balbín (escándalo horas extras) le soltaron la mano cuando sabemos que un empleado responde a la orden de su superior jerárquico. Son muy ineptos o lo usaron. Ahí fueron rápidos para expedirse. Yo me pregunto: ¿porqué con lo ocurrido a mi marido no le sueltan la mano al anestesista?. ¿Alguien más está involucrado?", especuló la vecina.
Galardi no descansa en su lucha porque a su marido lo "arruinaron", perdió el trabajo y cambió "180 grados la vida de la familia". Acaso el hombre halla como único momento para despejarse mentalmente el acercamiento al caballo que cuida desde hace años.
Para los damnificados, una mediación resultaba "ilógica" por la gravedad que implicó la colocación del formol. Y tampoco cayó bien que, al momento de ser citado por el fiscal, -según la señora de Rojo- le hayan recordado un supuesto aporte municipal, que la víctima desmintió de plano.
Los Rojo sólo perciben de la comuna pañales e inyecciones. "Al contrario, a mí me negaron el certificado de discapacidad durante 7 meses. Lo llamé a Néstor Auza y mandé una carta al Ministerio de Salud, entonces sí se apuraron a tramitar nuestro reclamo", aclaró.
La entrevistada luego se quejó por una supuesta orden de la cúpula hospitalaria, en tanto toda solicitud por el caso Rojo "debía ser derivada al municipio, estábamos como marcados".
"El anestesista sigue trabajando en el privado, factura dinero y vive bien. Mientras nosotros estamos muy mal. Al intendente no le importa la salud, sino sólo salvar a sus pares y la política, escondiendo la mugre bajo la alfombra", descargó Galardi.
La mujer de Rojo percibe un manejo "distorsivo" del caso por parte de la Municipalidad : "intentan tirar la pelota hacia afuera cuando el Ejecutivo, en plena campaña de 2007, prometió hacer todo para sacar a la luz lo que había sucedido".
La familia, por último, se mostró deseosa de que la verdad se ventile a través de un juicio oral, y que la causa resulte ejemplificadora con vistas a que nunca más se repita.