La semana pasada se desató en La Plata una controversia por el proyecto provincial que busca traspasar la escrituración gratuita de viviendas a personas con bajos recursos, desde la Escribanía General de Gobierno a la Subsecretaría de Tierras.
La propuesta beneficiaría directamente al Colegio de Escribanos, según denunciaron fuentes del gremio ATE.
Esta polémica noticia despertó ayer repercusiones en el nivel local. Zulma Ferreyra, directora de Relaciones con la Comunidad, dejó entrever su respaldo a la Escribanía General de Gobierno.
"Así nos estamos manejando bien. Tenemos muy buena relación con la Escribanía General", sostuvo Ferreyra, consultada por LA VOZ.
La dependencia cuenta con una delegada en Tandil, la escribana Arabela Lanz (actualmente con licencia por maternidad), funcionaria que posee sus oficinas en el mismo edificio del Ministerio de Trabajo provincial.
"Nuestro objetivo es trabajar para la gente, y quienes acuden al municipio lo hacen porque no tienen dinero para pagarle a un escribano", fundamentó Ferreyra.
Algunos vecinos se acercan a la Secretaría de Legal y Técnica "con un boleto de compraventa que data de 15 años atrás y nunca pudieron escriturar".
Ferreyra manifestó que "cuando tenemos alguna duda con los títulos nos contactamos con la escribana Lanz y solucionamos los temas", elogió sobre la actual modalidad de trabajo, que el Gobierno provincial pretende modificar.
Alrededor de 800 escrituras sociales -bien de familia mediante- se libraron a nivel local en los últimos 4 años.
Sobre las condiciones precarias que presentan los beneficiarios, Ferreyra ejemplificó: "la gente a veces no tiene para pagar ni 150 pesos de un poder. Además, la Secretaría constata cada caso con un informe social donde se verifica la existencia de vivienda única, que no supere los 90.000 pesos de valuación fijado por ARBA", recordó a manera de requisito.

LA IDEA
La Subsecretaría Social de Tierras quiere trasladar a su órbita los trámites de escrituración social que hasta el momento son efectuados por la Escribanía General de Gobierno de manera gratuita.
De suceder esto, los trámites que permiten regularizar la situación habitacional de ciudadanos con problemas económicos pasarían a ser realizados por los Colegios de Escribanos distritales y, según fuentes de la Escribanía General, dejarían de tener un costo cero para el Estado.
"Quieren tercerizar las escrituras sociales. En la Escribanía se cumple el rol indelegable del Estado de asistir y contener a las personas que tienen menos recursos, y de una forma eficiente. No hay razón que explique el traspaso más que las ganas de hacer un gran negocio", argumentó César Baliña, miembro del Consejo Directivo provincial de ATE al diario "Pagina12".
Si bien el responsable de la subsecretaría, Nicolás Terrara, sostuvo que "se trata sólo de un proyecto que está en tratativas", el expediente ya cuenta con el dictamen favorable de la Asesoría General de la provincia y sólo resta la firma del gobernador Daniel Scioli, para que el convenio comience a regir.
Fuentes de la Escribanía provincial aseguraron que la intención de la subsecretaría de trasladar bajo su esfera los trámites de escrituración social, que beneficia a personas de bajos recursos, comenzó a oírse hace cuatro meses. El paso siguiente lo dio el Colegio de Escribanos de la provincia un tiempo después, cuando presentó una nota al Ejecutivo "proponiendo hacerse cargo del trabajo con más eficiencia y a un costo menor para el Estado", relató la fuente. El escrito fue girado directamente al Ministerio de Infraestructura, donde se asienta el organismo de Terrara.
Rápidamente, las intenciones se convirtieron en un proyecto de convenio que llegó a los escritorios de la Asesoría General de la provincia. Según se especifica en el expediente Nº 2423-2250/09, "el convenio propone una descentralización operativa y territorial de la actuación notarial que impactará positivamente en el volumen escriturario permitiendo el cumplimiento de los plazos establecidos en la ley". Tal el motivo de la creación del convenio.