04/03/2010

Locales

Nuevo rechazo al pedido de servicios mientras esperan por un amparo judicial

Por éstas horas la Usina comienza obras tendientes a impedir que los ocupas de Smata se sigan “colgando” clandestinamente del servicio de energía eléctrica. Del otro lado, los acusados de usurpación confían en la intervención judicial que les permita la titularidad precaria del servicio.
En lo que resulta una postura política hasta aquí intransigente a pesar que la justicia notificó que no se ha acreditado titularidad de dominio de parte del gremio Smata, ni que tampoco se constituyera la figura del delito de usurpación, el Ejecutivo no hizo lugar a los insistentes reclamos de los ocupas por dotarlos de los servicios, bajo la premisa de no legitimar la ocupación indebida que masivamente estos vecinos decidieron emprender desde el año pasado.
Bajo ese espíritu, también las autoridades de la Usina Municipal y Popular, acordaron tomar medidas tendientes a impedir la clandestinidad de las conexiones que reina -con serio riesgo- en el barrio tomado.
No sin un debate interno, desde la Usina se acordó emplazar obras para impedir (al menos dificultar) que se sigan “colgando” del servicio energético. Más precisamente se levantarán columnas de mayor altura a las existentes con un cableado especial. Demás está decir que a la fecha, la situación se ha tornado extremadamente delicada, incluso con sucesos virulentos entre los ocupas y los operarios de la empresa de economía mixta que reiteradamente fueron a abortar el servicio ilegal.
También bajo la misma tesitura, se conoció en las últimas horas que desde la Secretaría de Legales de la comuna, su responsable, Marcelo Giaconi, rechazó la petición que por nota había realizado un grupo de vecinos del barrio tomado acerca precisamente de la prestación de distintos servicios, entre ellos el desmalezamiento, mejorado de las calles, además de la luz y el agua.
A grandes rasgos, los argumentos del abogado municipal rezan sobre la ilegitimidad del reclamo frente a la situación irregular del asentamiento, no existiendo constancias sobre las condiciones legales sobre su ocupación.
El expediente respondido por Giaconi versa sobre una nota manuscrita que había recibido el HCD (el Ejecutivo recibió otra similar) en la que se reclamaba la provisión de servicios básicos.
Ya a mediados de enero, desde la comisión de Obras Públicas del deliberativo se había debatido sobre la petición, concluyendo los ediles en que no se podía "avalar la ilegalidad de una usurpación, de un predio privado que le pertenece el gremio Smata" (todavía no se conocía sobre lo que hasta aquí se expidió la justicia).
Asimismo, la comisión había aprobado una solicitud al Ejecutivo para que, mediante la Secretaría de Desarrollo Social, elabore un informe que releve la situación que atraviesan las familias que habitan el predio.
En este punto, oportunamente surgieron visiones disimiles. La concejal Aquino indicó que "los responsables de los chicos son los padres, que tienen la patria potestad", y si "decidieron llevarlos a ocupar casas inconclusas que no les pertenecen, son conscientes del riesgo que ocasionan". Pero la edil Graciela Ubach, desde la oposición, llamó a que el municipio "atienda la necesidad de los chicos en riesgo".
"Es necesario que se asista a la gente, independientemente de que se repudie la usurpación de las casas", argumentó la trabajadora social del justicialismo al contemplar el panorama "calamitoso" que dicen soportar los vecinos que rubricaron con su firma la nota que entró a la Municipalidad.

RECURSO DE AMPARO
Frente a la insistente negativa de las autoridades política, las esperanzas, expectativas de los ocupas está centrada en la órbita judicial. Envalentonados frente al rechazo de la presentación de Smata para ejercer la figura de particular damnificado (no acreditó la titularidad de dominio) y los nulos elementos de prueba para constituir la ocupación como una usurpación (no se ejerció violencia para ingresar a las casas abandonadas), confían en que desde la justicia se libre un recurso de amparo para que preste el servicio básico de la provisión de agua y energía eléctrica.
Según se confió, un grupo de mujeres que ocupan las viviendas se reunieron con el defensor oficial Diego Araujo, quien se limitó a escucharlas y comprometerse a analizar la situación en pos de resolver si resulta atinente intervenir, primero, frente al rol que ocupa, para luego analizar la posibilidad concreta de presentar un recurso de amparo.
Con esta carta, los ocupas ahora se dicen confiados en poder al menos contar con los servicios básicos para seguir viviendo allí hasta tanto se esclarezca la situación dominial del predio, sin prejuicio de tener que irse si así lo dispone la justicia.

COMPARTE TU OPINION | DEJANOS UN COMENTARIO

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales.

Subscribite para recibir todas nuestras novedades

data fiscal  © 2024 | La Voz de Tandil | Florencio Aldrey