Luego de que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, revelara en su informe escrito a la Cámara de Diputados que el presupuesto destinado a financiar los sueldos de obispos supera los 130 millones de pesos, el bloque del Frente de Izquierda presentó este jueves un proyecto para derogar las leyes por las cuales se sostiene a la Iglesia Católica.

Como reveló Clarín, Peña fue consultado por el bloque Evolución -que lidera Martín Lousteau- sobre la mensualidad que reciben las autoridades eclesiásticas. El ministro coordinador precisó que la erogación total es de 130.421.300 pesos, pero la izquierda advirtió que ese monto es incluso mayor si se tienen en cuenta los "ingresos indirectos" de la Iglesia.

"El dato de Peña es revelador, pero es parcial", sostuvo el diputado Nicolás Del Caño, al señalar que "a estos aportes habría añadir los inmuebles, exenciones impositivas y otros tantos ingresos que recibe la Iglesia de parte del Estado, de manera indirecta".

Según el legislador, que presentó el proyecto junto a su par Nathalia González Seligra, "la mayoría" de las leyes que garantizan el financiamiento a la Iglesia "vienen de decretos que impuso la dictadura cívico militar y todavía están vigentes, gobierno tras gobierno".

"Estas normas garantizan no sólo el pago de las dietas sino también de subsidios, pasajes, jubilaciones y otros aportes directos de los que no habló Peña", insistió el diputado del PTS.

La iniciativa propone derogar la Ley 17.032, que homologó un acuerdo suscrito entre Argentina y el Vaticano en 1966. Además, se insta a derogar el inciso "c" del artículo 146 del Código Civil y Comercial, que califica a la Iglesia Católica como "persona jurídica pública".

Las otras leyes que la izquierda pide anular son la 21.950, la 21.540, la 22.552, la 22.162, la 22.430 y la 22.950, y los decretos 1991 y 2322, "mediante las cuales se establece el pago de dietas, subsidios, pasajes, jubilaciones y otros privilegios por parte del Estado Nacional a obispos y arzobispos, y a otros miembros de la jerarquía eclesiástica".

"El financiamiento estatal no hace solamente a una cuestión económica: garantiza desde la injerencia de la Iglesia en la definición de las políticas de Estado -como vemos con las trabas que impone su férrea oposición a la anticoncepción gratuita, la educación sexual integral o el aborto legal- hasta la impunidad que encubre a los curas abusadores", denunció González Seligra.

Según reveló el jefe de Gabinete, un obispo diocesano cobra 46.800 pesos mensuales; un obispo auxiliar, 40.950; un obispo emérito, 40.950; y los administradores apostólicos y diocesanos perciben 46.800 -igual que los obispos diocesanos-.

El subsecretario de Culto de la Nación, Alfredo Abriani, defendió ese presupuesto al sostener que está estipulado en el artículo 2 de la Constitución, y que significa "apenas un 7%" del dinero que maneja la Iglesia.