El proyecto de ley sobre inmigración aprobado por el gobierno francés en

febrero "podría dificultar el acceso a la protección de los demandantes de

asilo", denunció hoy la organización Human Right Watch (HRW), que pidió una

modificación del texto.

La reforma migratoria "en favor de un flujo migratorio, un derecho de asilo

efectivo y una integración exitosa" entra hoy a debate en la Asamblea

Nacional (Diputados) y pasará al Senado el próximo mes de mayo.

"Pretendiendo reforzar la eficacia del sistema de asilo, el proyecto de ley

incluye en realidad una serie de medidas que restringirían el acceso a la

protección", señaló en un comunicado la directora de HRW Francia, Bénédicte

Jeannerod.

La organización se preocupa especialmente de cuatro aspectos,

principalmente de la reducción del período de solicitud de la demanda de

asilo, que pasa de 120 días a 90 a partir de la fecha de entrada en el

territorio.

HRW contestó también la disposición de disminuir los plazos de recurso a

una denegación del estatus, de un mes a 15 días, la posibilidad de expulsar

a una persona antes de que el juez pronuncie una sentencia definitiva y el

aumento en el tiempo de detención administrativa, que pasa de 45 a 90 días.

Además, la ONG reprochó al gobierno de Emmanuel Macron no tratar la

cuestión de la detención de menores a pesar de que Francia ha sido

reprendida en varias ocasiones por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos

por mantener a niños inmigrantes en centros de retención.

Aunque reconoció ciertas virtudes en el texto, como la protección de niños

en riesgo de ser víctimas de mutilaciones sexuales y violencia en el hogar

o la extensión de la reunificación familiar a padres y hermanos de un menor

reconocido como refugiado, HRW pidió a los parlamentarios que introduzcan

cambios.

"Si el Estado francés pretende mejorar la eficacia de su sistema de asilo,

debería comenzar por asignar los recursos necesarios para el ya existente

en lugar de castigar a los solicitantes de asilo por sus deficiencias

recortando sus derechos", recriminó Jeannerod, reportó la agencia de

noticias EFE.

La entidad recordó que, en 2017, el tribunal al que recurren los refugiados

rechazados en un primer momento acordó proteger a 8.006 personas, un 16,8%

del total de demandas recibidas.

El gobierno de Macron pretende con este texto alinear la normativa francesa

con la de otros Estados europeos, como Alemania, para controlar un flujo

migratorio en aumento y "alejar" a quienes no reúnen las condiciones para

recibir el estatus de refugiado.

En 2017, el país recibió más de 100.000 peticiones de asilo, un 17% más que

el año anterior, y rechazó otras 85.000 solicitudes en la frontera del

país.