Ahora será la Cámara Nacional Electoral quien determine si hace lugar al planteo.

El fiscal federal Jorge Di Lello se opuso este jueves a la intervención del Partido Justicialista ordenada por la jueza María Servini de Cubría. Ahora será la Cámara Nacional Electoral quien determine si hace lugar al planteo que rechaza el nombramiento de Luis Barrionuevo frente al PJ. Habló de "arbitrariedad" en la decisión de la Magistrada, de poner "en riesgo la vida democrática" del Partido y de "falta de fundamentación" en la medida.

El 10 de abril pasado, la jueza federal María Romilda Servini de Cubría decidió la intervención del Partido Justicialista nacional y designó como interventor judicial al líder del gremio gastronómico Luis Barrionuevo. El histórico sindicalista tiene la responsabilidad de "producir los actos necesarios tendientes a la normalización partidaria", según resolvió la magistrada.

En un dictamen de 26 páginas al que accedió Clarín, el fiscal Di Lello consideró entre otros puntos que con la intervención del PJ hubo un "atropello no solo al derecho de defensa y debido proceso, sino también a la vida interna democrática de esa agrupación".

Ante la medida de Servini, los abogados que representan a José Luis Gioja quien ejercía la presidencia del PJ reclamaron ante la justicia que se revoque y se "decrete la nulidad de todo lo actuado, puesto que entienden que la decisión de intervenir el Partido Justicialista Orden Nacional, ha sido arbitraria, injustificada e ilegítima, y que ha ocasionado un perjuicio irreparable toda vez que no indicó las causales previstas en la ley de Partidos Políticos, circunstancias que consideran relevantes como para que se conceda el recurso interpuesto con efecto suspensivo", se indicó en el escrito.

El fiscal Di Lello consideró en su dictamen que al momento de intervenir el PJ, la jueza cometió un "atropello no solo al derecho de defensa y debido proceso, sino también a la vida interna democrática de esa agrupación".

Se planteó además, "inadmisible" que no se haya corrido vista a "este Ministerio Publico Fiscal, la nula producción de prueba, la premura con que se tomó tamaña decisión" y consideró que todo condujo a una determinación "con ausencia de fundamentación jurídica, a la hora de intervenir el Partido Político con mayor cantidad de afiliados del país.

En el análisis de la situación, el Fiscal electoral entendió que se debe garantizar el libre funcionamiento a las agrupaciones políticas y por otro, "el cumplimiento estricto del debido proceso, en consonancia con la finalidad de asegurar la estabilidad de los poderes que ejercitan el gobierno del partido y que gozan de presunción de legitimidad en virtud de su carta orgánica vigente mientras no se pruebe lo contrario".

Por ello, entendió que no se observó "ningún derecho quebrado, ni arbitrariedad alguna que deba corregirse, ni fundamento objetivo que dé lugar a una intervención judicial".

Di Lello se refirió también, al planteo de la magistrada cuando se refirió al "vaciamiento partidario" para avanzar con la intervención. ? Para el fiscal dicho argumento "encierra un caprichoso y antojadizo accionar que convierte en arbitrarios los fundamentos que la llevaron a conceder la intervención a través de la medida precautoria".

En esta misma línea, el representante del ministerio Público Fiscal expresó que los fundamentos de la sentencia, "en su totalidad han sido solamente de carácter político y no jurídico, lo que evidentemente condujo a que se arribara a una conclusión alejada de los preceptos legales y de razonabilidad, que deben acompañar a cualquier intervención jurisdiccional". Y dijo que el fallo contenía "débiles argumentos".

La Intervención

La jueza al momento de la intervención, creó una comisión de asesores, que tendrán representación de las corrientes que integran el PJ. Y señaló al menos tres aspectos centrales. La primera fue el panorama de divisiones que tenía el PJ luego de dos derrotas electorales consecutivas (2015 y 2017) ante Cambiemos.

Como segundo aspecto relevante, Servini indicó que varios de las autoridades del justicialismo durante los comicios del año pasado compitieron en listas de Unidad Ciudadana contra el sello del PJ; y por tercero denunció el vaciamiento del partido por parte de sus autoridades que emigraron hacia el frente kirchnerista para conseguir una banca.

El pedido de intervención había sido solicitado por el abogado Omar Gadea, coordinador nacional de la linea Interna Justicia y Dignidad Peronista, cercano a Eduardo Duhalde. Pero esta vez, Servini tomó en cuenta una presentación del sindicalista Carlos Acuña, quien es consejero del partido, además de integrar la cúpula de la CGT barrionuevista llamada "Azul y Blanca".

Fuente: www.clarin.com