La corte suprema de Brasil tratará el próximo martes 26 de junio otro

pedido de liberación del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT),

detenido desde el 7 de abril pasado, condenado a 12 años y un mes de

prisión por corrupción en la Operación Lava Jato y favorito en las

encuestas para las elecciones generales de octubre.

La decisión fue tomada por el juez Edson Fachin, instructor de la Operación

Lava Jato en el Supremo Tribunal Federal, quien giró para tratar el asunto

a la sala II de la máxima corte, considerada la más garantista.

Según informó la oficina de prensa del Supremo Tribunal Federal, Fachin le

pidió a la Sala II del supremo tribunal incluir el caso Lula en la reunión

del 26.

El pedido extraordinario hecho por la defensa de Lula reclama que el ex

presidente sea liberado para esperar el juzgamiento de su apelación ante la

tercera instancia.

"La liberación no causará ningún daño a la justicia pública o a la

sociedad, dado que el mantenimiento de la prisión causa lesión grave de

difícil reparación. Se trata un precandidato presidencial que corre riesgo

de tener sus derechos políticos indebidamente cortados, lo que es algo

gravísimo e irreversible", dice el pedido de la defensa.

La defensa quiere que Lula salga para esperar en libertad la apelación y

también considerar que fue sometido a un juicio de excepción por un juez

(Sérgio Moro) de la ciudad de Curitiba, con supuestos delitos ocurridos en

San Pablo.

La agencia Estado publicó hoy un informe en base a la Ley de Acceso de la

Información, que indica que la sala II de la corte suprema tiene un

historial a favor de aceptar más pedidos de libertad que la sala I.

La sala II está integrada por Fachin, Ricardo Lewandowski, Eduardo Dias

Toffoli, Gilmar Mendes y el decano, Celso de Mello.

Lula cumple prisión en virtud a una jurisprudencia del STF de 2016 que

permite detener a condenados en dos instancias, cuando la Constitución

indica que debe perder la libertad alguien que agotó todos los niveles del

Poder Judicial.

El ex presidente es el favorito a vencer las elecciones en primera y

segunda vuelta según todos los sondeos, pero puede ser inhabilitado por la

justicia electoral luego de que el 15 de agosto se inscriba como candidato,

en virtud de la llamada Ley de Ficha Limpia.

Esta norma impide a condenados en dos instancias ser candidatos, aunque el

proceso de impugnación puede alargarse incluso más que la elección y que la

toma de posesión del mando.