21/06/2018
La marcha atrás del presidente estadounidense, Donald Trump, con la
separación de familias de migrantes en la frontera con México desató hoy
confusión sobre cómo aplicar las nuevas reglas y preocupación sobre si no
son insuficientes, ya que los niños seguirán detenidos incluso si
permanecen con sus padres.
"Estamos complacidos de que el presidente haya puesto un freno a esta
política inhumana y despiadada de separar a los padres de sus chicos", dijo
Peter Schey, el abogado que impulsó una demanda que resultó en un acuerdo
clave que tutela el tratamiento de los niños migrantes detenidos, conocido
como acuerdo Flores.
Pese al decreto presidencial, Schey dijo que le preocupaba que varios miles
de niños ya han sido separados de sus familias "sin que la administración
Trump tenga ningún procedimiento en vigencia para reunir a esos chicos con
sus padres, muchos de los cuales ya han sido deportados", informó la cadena
CNN.
Trump dijo ayer que no le gustaba ver a niños separados de sus familias y
ordenó poner fin a esa práctica, cediendo a un vendaval de críticas
internas y externas apenas días después de haber insistido en que no podía
solucionar la cuestión por decreto, que fue precisamente lo que hizo, y que
debía actuar el Congreso.
Sin embargo, también aclaró que el decreto no ponía fin a su política de
"tolerancia cero", algo que reiteró hoy en una serie de tuits, y que los
niños serán mantenidos en detención mientras se juzga a sus padres por el
delito de ingreso ilegal al país a través de la frontera con México.
"La frontera ha sido un gran desorden y un problema durante muchos años",
dijo hoy el presidente en su cuenta de Twitter.
No quedó en claro qué pasará con los más de 2.300 niños separados de sus
padres desde que se implementó la política de tolerancia cero, a principios
de mayo.
Funcionarios dijeron que estaban trabajando para reunir a las familias tan
pronto como sea posible, pero no dieron respuestas claras sobre cómo se
logrará esa meta.
"Aún es demasiado pronto y estamos esperando más instrucciones", dijo un
vocero del Departamento de Salud y Servicios Sociales, Brian Marriot.
Un consejero de la Fiscalía General, Gene Hamilton, dijo ayer que el
decreto de Trump era una medida "temporal" e insistió en que la única
solución definitiva al problema es una ley de inmigración integral, tal
como dice el mandatario republicano, que quiere que la norma incluya la
construcción de un muro en la frontera con México.
"Deberíamos cambiar nuestras leyes (de inmigración), construir el Muro (en
la frontera con México), contratar Agentes Fronterizos y del ICE (el
Servicio de Inmigración y Aduanas)", agregó Trump en Twitter.
Hamilton afirmó que el decreto de Trump es "perfectamente legal", aunque
admitió que contraviene al acuerdo extrajudicial Flores, al que se
comprometió en 1997 el gobierno del entonces presidente Bill Clinton y que
impide a las autoridades privar de libertad durante más de 20 días a los
menores indocumentados detenidos en la frontera.
Por eso, el Departamento de Justicia planea pedir a una corte federal de
California que modifique el acuerdo Flores para que el gobierno de Trump
pueda "mantener juntas a las familias durante todo el proceso" judicial
relativo a los cargos criminales o el procedimiento de deportación, según
el decreto.
La oposición demócrata cree que Trump decidió procesar criminalmente a los
inmigrantes y separar a las familias precisamente para forzar al Congreso a
ceder en sus prioridades migratorias, además de disuadir a los
indocumentados de entrar en Estados Unidos.
El senador demócrata Tom Carper dijo que tenía dudas sobre si los padres
podrán encontrar a sus hijos.
"También estoy profundamente preocupado por informes de que la
administración, en su apuro por mantener de rehenes a niños inocentes para
exigir fondos para el muro fronterizo, no ha planeado ni dispuesto
apropiadamente un proceso para reunir a las familias luego de su
separación", agregó Carper, citado por la cadena ABC.
Kay Bellor, vicepresidente de la división programas del Servicio Luterano
de Inmigración y Refugiados, una de las organizaciones de reubicación de
refugiados más grandes de Estados Unidos, se mostró preocupado en
particular por el hecho de que el nuevo decreto establece que los niños
sigan detenidos, aun cuando estén con sus padres.
"Aunque los chicos ya no van a ser arrancados de los brazos de sus padres
con el único propósito de disuadir la inmigración, irán a prisión con sus
padres. La prisión nunca es un lugar apropiado para un niño", señaló
Bellor.
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