Un grupo de 120 ex policías federales tomó un sector del Ministerio de Seguridad porteño para rechazar su traspaso a la órbita de la fuerza de la Ciudad. La ocupación comenzó anoche en el edificio ubicado en Regimiento Patricios al 1000 y, según manifestaron, mantuvieron reuniones con funcionarios que rechazaron su pedido. Aseguraron que se quedarán allí "hasta que atiendan nuestros reclamos".

"Queremos volver a nuestra fuerza de origen", dijo a AM750 Ricardo Braustein, un cabo primero de la Federal que pasó a desempeñarse en la fuerza que comanda Horacio Rodríguez Larreta. "Dicen que estamos mejor y que tenemos sueldos dignos. Esto es negativo. Estamos trabajando más horas por la misma plata", criticó el agente.

Los policías que participan de la toma están armados y parte del edificio está rodeado por los grupos de contención antidisturbios. "Lo único que queremos es que cumplan con lo pactado", subrayó Braustein en referencia a un acuerdo de meses atrás, en que el área que depende del ministro Martín Ocampo les garantizó una respuesta positiva al pedido de retorno a la Federal. "Sin embargo -agregó-, "están totalmente intransigentes con ese acuerdo, por eso nos vamos a quedar acá hasta que alguien atienda nuestras reclamos."

El policía dijo también en contacto con el programa La Mañana que esta demanda "no se visibiliza" porque "hay un blindaje mediático" a favor del gobierno porteño. "Hemos estado en puertas de canales y los productores nos dijeron que no podían recibirnos porque recibieron una llamada de funcionarios", añadió.

"Me duele estar haciendo esto, tener que usar estos método y que el personal de Ciudad nos diga que somos ‘piqueteros’. Solamente estamos reclamando algo que ellos se comprometieron a cumplir", concluyó.

No es la primera vez que estos agentes demandan su retorno a la Policía Federal. El 26 de marzo de este año protagonizaron una sorpresiva movilización desde Plaza de Mayo hasta la Legislatura porteña. Sostienen que la transferencia fue hecha de manera "inconstitucional" se explica porque la disposición que dispuso el cambio de fuerza se hizo con una legislación local sancionada por la Legislatura el 18 de enero de 2016, por encima de una ley nacional. Lo que fue legislado por el Congreso, esgrimen, fue el traspaso a la disuelta Policía Metropolitana, no así a la de la Ciudad.

Ese mismo día entregaron un petitorio con un largo listado con nombres de los policías que quieren volver a ser federales y que denuncian que sus derechos laborales fueron afectados. Algunos de sus fundamentos fueron sintetizados en comunicados publicados por la Asociación Civil Policías por los Derechos Humanos a través de las redes sociales.

Aseguran que hubo recortes salariales y cuestionaron que, desde 2017, los agentes "fueron perdiendo todo derecho sobre asistencia médica y seguro de vida, y lugar de cobro de haberes". Todo esto, por decisión del gobierno porteño en "forma obligatoria, ilegal, arbitraria y anticonstitucional".