La justicia de Tucumán se posicionó con firmeza ante la situación de Susana Trimarco, la presidenta de la Fundación María de Los Ángeles, quien deberá dar explicaciones por los $5,6 millones (entonces USD 418.000) que recibió de parte del Gobierno Nacional durante la gestión del kirchnerismo. 

Luego de no poder constatar un domicilio real de la imputada, el juez Daniel Bejas ordenó a la policía la búsqueda de Trimarco para que así pueda presentarse a indagatoria.

La averiguación de paradero con participación de la Policía había sido solicitada en un principio por el fiscal general Gustavo Gómez. En su momento, el juez había rechazado ese pedido y había intimado a Betina Laguna, quien se había presentado como abogada de la fundación, a que proporcione los datos de la ubicación de Trimarco en la provincia de Córdoba. 

La notificación oficial no se pudo realizar, ya que Trimarco no reside en la provincia de Tucumán. También se había solicitado a la Justicia electoral que se brindaran datos sobre el último domicilio de la protagonista de la historia, sin que este pedido surtiera efecto.

El domicilio otorgado por la justicia electoral refería a una casa en la calle Thames que actualmente se encuentra abandonada y en vías de demolición. Fue así que Bejas solicitó asistencia a las fuerzas federales de seguridad para poder dar con el paradero de la madre de Marita Verón.