El papa Francisco dispuso hoy que todos los religiosos católicos están obligados a denunciar casos de abuso sexual, punto central de un decreto que apunta a combatir ese delito y a sus encubridores. Ordenó además que en 2020 todas las diócesis deben tener listo un "mostrador" de fácil acceso público para recibir las denuncias de pederastía y hacer un registro de ellas.

En el decreto "Vos estis lux mundi" ("Ustedes son la luz del mundo"), de 19 artículos, Francisco subraya que "los delitos de abuso sexual ofenden a Nuestro Señor, causan daños físicos, psicológicos y espirituales a las víctimas, y perjudican a la comunidad de los fieles".

En base a directivas esbozadas en el encuentro anti-pederastía celebrado en el Vaticano en febrero pasado, ordena a los religiosos a tratar con respeto a los denunciantes de abusos y a sus familias, a quienes se les debe ofrecer asistencia espiritual, escucha, asistencia médica, terapéutica y psicológica.

El Papa apuntó no solo a los abusadores, sino también las posibles cadenas de encubrimientos que durante años ocurrieron en la jerarquía eclesiástica. En ese sentido, incluyó sanciones contra obispos y superiores que interfieran en las investigaciones de las denuncias, tanto en el ámbito civil como en el canónico.

Con su decreto, estableció que denunciar abusos en la Iglesia católica no es una violación del secreto profesional y además prohibió cualquier perjuicio, represalia o discriminación contra quienes denuncien acosos, porque a ellos "no se les puede imponer voto de silencio alguno".

Como forma de acelerar las investigaciones, el documento papal divulgado hoy dispone además que para 2020 cada diócesis deberá tener un sistema que sea fácilmente accesible al público para recibir informes. Cualquier religioso que tenga información sobre un posible caso de pederastía "tiene la obligación de informar" a sus superiores, según la nueva norma, así como de las omisiones y encubrimiento en la gestión de los casos de abusos.

La nueva norma, que entrará en vigencia el 1 de junio, ratifica la presunción de inocencia para las investigaciones, no altera las penas ya dispuestas por las leyes de la Santa Sede y mantiene como "absoluto e inviolable" el secreto de confesión.

El decreto, que regirá "ad experimentum" por tres años, busca sancionar las acciones u omisiones de obispos y superiores religiosos "con la intención de interferir o evadir" las investigaciones de los abusos.