Un fiscal pidió la elevación a juicio de la causa penal donde nueve policías de la Bonaerense, todos pertenecientes al área de Seguridad Vial, están acusados de formar parte de una asociación ilícita que se dedicaba a cobrar coimas a conductores de vehículos menores y a recibir dádivas de empresas de transportes cuyos rodados de carga transitaban por el corredor vial comprendido por las rutas nacionales 226 y 3, entre los destacamentos que están en Tandil, Azul, Las Flores, Gorchs y Monte.

Meses después uno de ellos, el Subcomisario Emiliano Sparaíno -bajo la figura del "arrepentido", que por primera vez se aplicó a escala judicial en el ámbito de la provincia de Buenos Aires- declaró y se convirtió en el primero en ser excarcelado; aunque en la requisitoria de elevación a juicio de esta causa continúa procesado.

Son un total de 28 hechos los que el fiscal Marcelo Fernández ha dado por acreditados, situaciones que involucran a estos nueve policías para los que recientemente solicitó que sean juzgados. De prosperar la requisitoria de elevación a juicio de este sumario penal, dicho proceso se desarrollará en un Tribunal Oral en lo Criminal.

En julio del año pasado, a los primeros cuatro detenidos que tuvo esta pesquisa la Cámara Penal les había confirmado las prisiones preventivas que en ese entonces los tenían privados de la libertad en la Unidad 30, la cárcel que está en General Alvear.

Pero tiempo después, desde la Justicia les fueron otorgados beneficios que se tradujeron en que actualmente estén cumpliendo prisión domiciliaria.

En el marco de esta misma investigación penal, posteriormente cinco policías más fueron procesados, quienes actualmente permanecen en libertad.

Un suboficial inspector, dos capitanes, dos subcomisarios y cuatro comisarios son los policías imputados.

El pedido de elevación a juicio fue presentado ante el Juzgado de Garantías 3 cuyo titular es el magistrado Juan José Suárez. Desde ese organismo judicial se deberá resolver ahora, en una primera instancia, si dicha petición de convertir en juicio a esta causa es avalada o rechazada.

En carácter de coautores o partícipes de una asociación ilícita y de otros delitos, en la extensa requisitoria, el fiscal Fernández menciona que los hechos investigados que involucran a estos nueve policías ocurrieron, "por lo menos", entre enero y mayo del año pasado.

El ámbito territorial de la Jefatura Zonal de Seguridad Vial Azul de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y otros sectores aledaños, "abarcando las rutas nacionales 3 y 226 y demás rutas y caminos tributarios de la región" -se menciona en la instrucción penal-, fue el sector donde se cobraban estas coimas y dádivas.

Los policías implicados en esas maniobras delictivas, en ese entonces, desempeñaban funciones en los destacamentos de Seguridad Vial que están en Las Flores, Azul, San Miguel del Monte, Tandil y Gorchs.

En ese contexto, el Fiscal que los acusa sostiene que esos nueve efectivos de seguridad procesados -"relacionados entre sí por sus vínculos laborales, de amistad o trato frecuente y con funciones propias de control del tránsito vehicular por la mencionada red carretera"- formaron parte de una asociación "destinada a cometer delitos de distinta índole en perjuicio de particulares transeúntes y de la Administración Pública nacional y provincial indistintamente".

Estando permanentemente comunicados entre ellos, durante ese lapso de tiempo ya referido "se recomendaban, remitían o presentaban recíprocamente a empresarios transportistas o choferes que transitaban usualmente por las rutas sujetas a las distintas zonas viales para que entregaran dinero o dádivas a cambio del libre paso por las diferentes jurisdicciones, sin el debido control por los efectivos policiales encargados de la seguridad vial".

En el marco de la acusación formulada, el fiscal Fernández sostuvo también que esos policías recibían dinero a través de "diferentes modalidades".

En algunos casos esos pagos los imputados los percibían "en un destacamento". Después, dichas sumas "eran repartidas hacia los demás destacamentos involucrados", los cuales fueron allanados cuando el 10 de mayo del año pasado.

Otra manera de recibir estas sumas de dinero por parte de los acusados se registraba cuando transportistas entregaban en cada destacamento de Seguridad Vial "una suma determinada", plata que se correspondía con "cuotas semanales o mensuales" que servían para evitar cualquier tipo de controles de los rodados de carga que transitaban para esas rutas delimitadas por el ya referido corredor vial, que se iniciaba en jurisdicción de Tandil y se prolongaba hasta Monte.

LOS IMPLICADOS

El 10 de mayo del año pasado cuatro de los funcionarios policiales implicados en esta investigación penal fueron detenidos: los capitanes Javier Murray y José Luis Arrubia (ambos de 49 años), el subcomisario Emiliano Sparaíno, de 38 años, quien estaba a cargo de la Subdelegación de Seguridad Vial Tandil; y el suboficial inspector Raúl Ferreyra (35). Todos ellos estuvieron presos en la Unidad 30.

Luego se sumaron los Comisarios Julio Ezequiel Olate, de General Alvear y de 45 años; Mario David Vivas, de 43 años; Fidel Prudencio Ovejero, de 33 años; Jorge Ismael Pagano, de 51; y el subcomisario Pablo Alejandro Jiménez Chumbita, de 41 años.

Fuente: El Tiempo de Azul.