En una observación desarrollada durante los últimos días por periodistas de este medio, ante el reclamo de algunos vecinos que residen en cercanías de las colectoras, pudo detectarse que algunos transportistas dejan estacionados sus chasis y acoplados, durante varios días, en plena banquina de la Ruta Nacional 226, especialmente en el tramo entre los cruces de Avenida Espora y de calle Rauch.

La cantidad de vehículos de gran porte detenidos en la zona es realmente impresionante y se cuentan por decenas. Estacionados además en plena banquina, con los riesgos concretos que eso conlleva para el resto de los automovilistas.

A esto se suma que muchos comercios ubicados sobre las colectoras, colocan sus productos y maquinarias en la zona que separa la ruta de éstas arterias, lo que también está prohibido. A este aquelarre, se le añadieron los vendedores ambulantes de frutas y hortalizas, que también pretenden ese transitado sector para desarrollar su actividad.

Esta situación, que puede complementarse con las añejas quejas de vecinos que soportan camiones detenidos en avenidas y calles internas de la ciudad (y que en algunos casos han protagonizado choques que han llegado a ser fatales), le imprime carácter de urgente a la creación de la ya prometida playa de camiones que formaría parte del Polo Logístico, ahora puesto en crisis por la medida judicial del Dr. Martín Bava, que frenó los avances en el predio de La Huerta, que se iba a destinar para ese fin.

Sin embargo, La Voz pudo saber que el caos vehicular en la ruta forma parte de la preocupación de las autoridades locales, e incluso el propio Intendente se apersonó ante el titular de la Subdelegación de Seguridad Vial local para pedirle intervención.

Asimismo, fuentes de esa fuerza policial, aseguraron que "las multas son permanentes", pero lo que ocurre luego con las mismas son un fiel reflejo del absurdo burocrático de los organismos del estado, en todos sus niveles.

Las multas son giradas al Juzgado de Faltas provincial de la ciudad de Dolores, a cargo de la Dra. María José Tamagno. Si los transportistas en falta son obligados a comparecer en el juzgado y compelidos a pagar las multas, es un misterio. Como así también conocer los montos de esas infracciones. Sin es así, no parecen ser demasiado desalentadoras, porque la conducta infractora permanece a pesar de que los dueños de esos camiones saben que serán multados.

Más allá de eso, ese sector de la ciudad sigue padeciendo un viejo y casi humorístico problema de jurisdicción, porque la ruta es nacional, pero las banquinas son potestad de la delegación de Seguridad Vial de la Policía Bonaerense, cuyo rango de acción termina en las zanjas que separan las banquinas de las colectoras, donde ya deberían intervenir las Comisarías de Jurisdicción, aunque en incontables situaciones, éstos "les tiran la pelota a Tránsito del Municipio", y viceversa.

En ese punto, se supo que las actas de infracción que realiza Policía Vial, son de carácter provincial, por lo que si se remiten a los Juzgados de Faltas municipales, son anuladas, con lo cual, el procedimiento obligatorio es su derivación a Dolores.

"NO HAY OTRA"

Algunos transportistas consultados, explican que detienen sus equipos de trabajo en los lugares en los que los vemos habitualmente, "porque en Tandil no hay un lugar específico para guardar los camiones y acoplados, así que no hay otra", aunque esa media verdad, no avala el estacionamiento en sectores prohibidos. Incluso dentro de la ciudad, esto está regulado por ordenanza, aunque vale aclararlo, también está ordenada la creación de un sitio específico para este tipo de transportes y aún no ha sido concretado. De este modo, sin que se busque cercenar la libertad de trabajo de los transportistas, vale enfatizar que es obligación del Estado el control del cumplimiento de la ley.

En ese sentido, una fuente de Seguridad Vial asegura que "es habitual que algún camionero venga enojado a reclamar porque se le hizo la multa. Es insólito, pero es así. Dicen que el Municipio no les da una respuesta". Para colmo de males, la provincia no está imprimiendo talonarios de infracciones, por lo cual esos formularios hoy están escaseando en todo el territorio bonaerense y limita la intervención policial.

Por lo pronto, todas las autoridades, del cualquier nivel que se analice, con alguna injerencia en este complejo tema, reconocen el problema, pero se muestran limitados y sin demasiadas herramientas para darle una solución definitiva.