11/07/2020
Asociaciones de consumidores impulsan un proyecto de ley de
insolvencia familiar, para que las familias que enfrentan altos niveles de
endeudamiento, producto de la caída de ingresos causada por la pandemia de
coronavirus, puedan acceder a una mediación por parte del Estado para llegar a
un mejor acuerdo con sus acreedores.
"Hay que crear alguna herramienta o instrumento que
genere la posibilidad de que el deudor, que se haya endeudado de buena fe,
pueda sentarse en una mesa de negociación en una situación de equilibrio y a
través de un marco administrativo y legal que le provea el Estado pueda
renegociar toda su deuda", dijo a Télam el presidente de la asociación
Cruzada Cívica, Mariano Gendra Gigena.
El proyecto de ley de insolvencia familiar es impulsado
desde las entidades de defensa de consumidores Cruzada Cívica, Adelco y Adecua,
y será presentado en la Cámara de Diputados en las próximas semanas.
Al respecto, Gendra Gigena manifestó: "creemos que es
una herramienta más que necesaria en este momento, por la situación de
insolvencia de 89% de los hogares argentinos; 9 de cada 10 hogares están sobre
endeudados, con deudas muy por encima de su capacidad de ingreso".
"Los sectores medios, medios bajos, venían
extremadamente golpeados de cuatro años de ajustazos exorbitantes de servicios
públicos, y esta cuarentena con la pérdida absoluta de ingresos ha llevado la
situación de emergencia a una situación de insolvencia", aseguró.
El abogado, especialista en consumo, dijo que que en
comparación con lo que existe para las empresas como concursos y quiebras, esta
herramienta sería para las familias "como una instancia
preconcursal", y detalló que "ya existe en España y también en Chile
se aplica muy bien; en Perú y Colombia lo están analizando en sus respectivos
congresos".
"En la situación de los números que estamos viendo que
está dejando la pandemia, es imprescindible", sostuvo.
Dijo que "no hay garantia ni desembolso por parte del
Estado, sino que se busca crear el ámbito y mediaciones de profesionales que
sean propicios para llegar a acuerdos" a las familias que tienen deudas de
servicios, alquileres, expensas, tarjetas de crédito, cuotas hipotecarias,
prendarias, con colegios, prepagas y clubes de barrios, entre otros.
De acuerdo con un informe del Cerx, la deuda total de las
familias alcanzó los $ 1.905.119 millones y afectó a 11,9 millones de hogares,
que equivalen al 86,5% de los hogares del país, unos 163.000 hogares menos que
en mayo, aunque creció en $ 83.415 millones la deuda para quienes no pudieron
cancelar sus pasivos.
Gendra Gigena observó que "cuando salgamos de esta
cuarentena estas familias van a tener una cola de acreedores pidiendo que
paguen y es imposible que lo puedan afrontar" e insistió: "Esto no es
un subsidio, no es un préstamo, no le genera un centavo al Estado, es crear un
mecanismo que proteja y le de contención especialmente a los sectores medios y
bajos".
"Lo estamos hablando con senadores y diputados de
distintos espacios políticos, del Frente para la Victoria y también de la
oposición; la Secretaría de Defensa al Consumidor nos ha manifestado su apoyo;
los defensores del pueblo de distintas provincias y la Ciudad de Buenos Aires
que integran la Asociación de Defensa del Pueblo (Adpra) nos han expresado en
forma expresa su apoyo a este proyecto", afirmó.
"Esto requiere que ya sea parte de una serie de medidas
de contención y estar acompañado de medidas productivas que busquen preservar
el empleo y generar nuevas fuentes de trabajo que se están perdiendo en estos
meses, volver a abrir comercios y pymes que cerraron", concluyó.
Fuente: Telam
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