Todos los centros docentes permanecieron cerrados a los alumnos entre mediados de marzo y de junio pasados para contener la epidemia. Después, apenas se reanudaron las clases presenciales antes de las vacaciones de verano.

Para no perder el último trimestre escolar, las administraciones regionales -que son las competentes en políticas de educación-, centros y profesorado trataron de sustituir a toda prisa las clases presenciales por la docencia telemática, aunque con un resultado muy desigual.

Y ahora, el nuevo curso debe ser presencial, según coinciden organizaciones de la comunidad educativa consultads por EFE, para que el derecho constitucional a la educación sea efectivo. La ONU pidió recientemente la reapertura de las escuelas en cuanto sea posible en todo el mundo para evitar una catástrofe educativa.

Pero hacen falta instrucciones precisas, garantías para la salud y pautas claras sobre cómo actuar si surgen casos positivos.

Estas condiciones, que pueden implicar reducir el número de alumnos por clase y el seguimiento sanitario riguroso de los centros, exigirán recursos y personal. Es el momento, por ejemplo, de implantar en los centros personal de enfermería o coordinadores escolares, según coinciden la mayoría de los representantes de padres.

También lo es, además, de que se legisle ya sobre la enseñanza por internet ante el riesgo de un nuevo confinamiento en las viviendas, y de que el Ministerio de Sanidad asuma la dirección y coordinación para asegurar unos mínimos de seguridad y calidad en toda España, según sindicatos de docentes.

El portavoz de Sanidad para la epidemia, Fernando Simón, aseguró que el Gobierno y las regiones trabajan desde hace meses "muy concienzudamente" con vistas al comienzo del curso y "hay procedimientos, protocolos y recomendaciones de cómo actuar y organizar las escuelas y los colegios".