20/11/2020

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Para abogado de vecinos de La Porteña, cautelar del Dr. Blanc es de aplicación colectiva

El Dr. Lucas Landívar es el abogado patrocinante de los vecinos del Paraje La Porteña y de Gardey, que presentaron una medida cautelar, por la aplicación de agroquímicos en cercanías de escuelas rurales y poblados. En un extenso diálogo con La Voz, aclaró que "no se trata de una causa entre privados, sino de absoluta incidencia colectiva" y ratificó que la disposición del Dr. Blanc, aplica para la actividad agropecuaria en todo el Partido de Tandil.

Landívar sostuvo que el fallo del juez Francisco Blanc (que dispuso entre otros ítems, no aplicar fumigaciones terrestres a menos de 500 metros de construcciones, pueblos y cursos de agua; y a menos de 2000 metros para aplicaciones aéreas), es una causa judicial de alcance masivo y "de absoluta incidencia colectiva".

"En la provincia se aplican aproximadamente 170 millones de litros de agroquímicos, que a su vez son diluidos en agua. En Tandil, en todas las parcelas agrícolas, mayormente, se aplican venenos y químicos agrícolas. Esos venenos han sido encontrados recientemente en las escuelas rurales en el agua de pozo de donde se extrae el agua para que niños y personal docente tomen agua y se higienicen", manifestó el letrado.

Consultado por la situación de que se trata de productos aprobados para su venta y aplicación, por organismos nacionales, tales como el Senasa, Landívar recordó el ejemplo del endosulfan, "que era un producto que estaba autorizado para su comercialización en Argentina y cuando en 2011 dos nenes en Bella Vista, Corrientes, estaban caminando y llegaron a unas tomateras donde se aplicaban agroquímicos, entraron en contacto con el barro y el endosulfan y uno de los chicos no llegó al Garrahan porque se murió en el camino. Luego de eso, el Senasa entendió que el endosulfan era peligroso y lo prohibió. Hay tres ejemplos más respecto de los agroquímicos. Lo que sucede, es que los agroquímicos son un gran negocio y obviamente los que venden agroquímicos no van a querer que el Senasa regule y no autorice. Como pasa ahora con el trigo transgénico, que cinco personas autorizan la diseminación de un trigo modificado genéticamente por un laboratorio privado. Ese trigo va a llegar a la mesa de todos los argentinos, con aplicaciones de glufosinato de amonio, que es más poderoso que el glifosato".

En ese punto, explicó que "el Senasa está integrado por funcionarios públicos, que pueden incurrir en el delito de abuso de autoridad, al aprobar el uso de este tipo de productos. Esas denuncias penales están en curso, se han interpuesto".

"En la década del ?90, cuando se impuso por decreto este sistema agroindustrial a base de organismos vegetales genéticamente modificados, asociados a productos químicos, estos productos se liberaron al medio y no se conocían las consecuencias, hasta los primeros años de la década del 2000, cuando se empiezan a ver malformaciones genéticas, aumentos en los índices de hipotiroidismo, de cáncer, de intoxicaciones agudas, problemas respiratorios, neurotóxicas, retrasos madurativos, etc., etc. Estos son efectos crónicos, y son acumulativos, porque se sigue aplicando agroquímicos, en pequeñas dosis, se sigue acumulando en los organismos de las personas que toman el agua, que se alimentan con productos que han sido rociados con agroquímicos, que están en el aire", señaló el abogado marplatense.

Landívar también apuntó que "la UNLP hizo estudios en distintos puntos del corazón sojero del país, y encontró en el agua de lluvia, mediciones de atrazina, que es altamente contamínante del agua; de ampa, que es el metabolito del glifosato, etc., etc.".

"ENFRENTAR EL PROBLEMA SIN CHICANAS"

En su contacto con este diario, Landívar opinó que "el tema es tan complejo, que no se entienden las reacciones y actitudes temerarias de funcionarios públicos que intentan sostener este modelo a toda costa. Hoy el Lobos, en Ayacucho, en Coronel Suárez, se están intentando promulgar ordenanzas de hasta 25 metros de distancia entre las comunidades y las fumigaciones. Es realmente preocupante que Casafe, que Aapresid, que los productores, porque entiendo que haya ganancias que son muy importantes, eso lo sé y ellos lo saben mejor que yo; pero es preocupante teniendo el agua contaminada, teniendo agroquímicos en el aire, teniendo aumentos en los índices de las enfermedades e incumpliendo una serie de normativas, como la evaluación de impacto ambiental en la agricultura industrial, que son contadas con los dedos de las manos. En Tandil, no sé cuántos hacen evaluación de impacto ambiental, o cuantos solicitan la autorización correspondiente al OPDS o a la Autoridad del Agua, para sus emisiones gaseosas de agroquímicos".

Sobre las reacciones que se produjeron en Tandil luego de la medida del juez Blanc, especialmente desde el ámbito municipal, que no parece dispuesto a aplicar la cautelar, Landívar expresó que "en el Estado de Derecho existe el equilibrio de poderes. Y si ese equilibrio no existe, hay abuso. Si la municipalidad de Tandil, sobre todo el Ejecutivo, no controló el cumplimiento de la ordenanza, porque me gustaría saber cuántas recetas agronómicas se han expedido en todos estos años, cuántas multas han existido? Lo que pasa es que es complejo cuando no tenemos la sinceridad para decir: ?tenemos un problema, ¿Qué vamos a hacer?? ¿O vamos a seguir con la chicana? ¿Con el exceso de rigor formal? ¿Remitiendo a interpretaciones? Lo que hizo Blanc en la cautelar de marzo, fue adecuarse a la ordenanza 12316. Hizo en base a eso, algunas consideraciones, sólo entre las partes del proceso. Pero el 11 de junio se presenta en sociedad el estudio con el agua del acuífero que demostró que el agua estaba contaminada en todas las escuelas rurales y los patios de las escuelas tienen agroquímicos. Es decir, los patios de las casas de los vecinos de Gardey probablemente tengan agroquímicos, porque están al lado de la escuela. Si tenemos un problema tan grave, si los agroquímicos generan daño genético en la niñez, generan retraso madurativo, están contaminando el agua, estamos ante un problema serio. A raíz de ese estudio (desarrollado por dos investigadoras de la Facultad de Cs. Exactas de la Unicen), se observa que hay un problema de afectación masiva, que excede a las 4 empresas que fueron demandadas. Como esos 4 establecimientos agrícolas no son solamente los responsables, sino que hay una actividad que está perjudicando a los bienes comunes esenciales, como son el agua y el aire, el problema es absolutamente colectivo".

En ese punto, la representación legal de los vecinos interpusimos un nuevo escrito, para una ampliación de la demanda. "Incorporamos prueba de absoluta relevancia científica, agregamos la confirmación de la Cámara Federal Penal de Rosario por una denuncia penal radicada en Pergamino, donde se confirma el fallo de primera instancia de alejar las fumigaciones a 1095 metros. Se acreditó con un estudio científico que no está atravesado por intereses privados ni intenta perjudicar a nadie, ni beneficiar económicamente a nadie, que demostró que los niños expuestos a menos de 1095 metros, les generaba daños genéticos. El juzgado de primera instancia de Pergamino dictó esa cautelar y la Cámara Federal Penal de Rosario ratificó esa medida. Y lo ratificó porque el estudio realizado en el primer momento de la medida cautelar y otro estudio realizado a un año de esa medida, demostró que la vigencia de la distancia de 1095 metros, redujo el daño y la contaminación ambiental".

"Agregamos también una declaración del Comité Regional de Bioética del Sudeste, integrado por investigadores y científicos de las universidades públicas de la zona, que advierten de la peligrosidad y las afectaciones que se están observando por la agricultura química industrial", añadió.

"LA ORDENANZA DEL 2011 NO FUNCIONÓ"

Consultado por la argumentación que expresa que en caso de aplicarse la cautelar del Dr. Blanc en todo el partido, se perderán miles de hectáreas para la producción, que según algunos cálculos de sectores vinculados a la agricultura implica varios millones de dólares menos de lo que produce el campo tandilense, Landívar reflexionó que "es de una bajeza importante llevarlo al plano económico cuando está el agua contaminada".

De todos modos, aclaró que "las tierras no dejan de ser productivas porque no se puedan aplicar agroquímicos. Se puede hacer otra clase de agricultura, ganadería, horticultura extensiva, un montón de cosas".

"Pero si quieren hablar de economía, ¿Cuánto vale el agua contaminada? ¿Cuánto el aire contaminado? ¿Cuánto vale el suelo de las escuelas con agroquímicos? ¿Quién se va a hacer cargo de esos pasivos ambientales? Tenemos que hablar de todo, ya que quieren hablar de economía. ¿Y la salud de los niños? ¿Cuánto vale?", manifestó.

"El sistema agrícola industrial es deficitario, si hacemos la ecuación completa. Porque tendríamos que incluir la desertificación de los suelos, que está reconocido por el INTA; los ríos y los arroyos que tienen agroquímicos. No están poniendo todas las variables en la ecuación económica", siguió.

Y en lo relativo a la polémica instalada en Tandil, consideró que "como pasó en Pergamino, va a haber funcionarios públicos responsables que no se adecuen al orden público ambiental y que no cuiden la salud de sus ciudadanos. Que con exceso de rigor formal y con chicanas procesales, intenten desconocer estos procesos colectivos que recién comienzan".

"El Dr. Blanc supo reconducir el proceso, cuando en principio eran 4 los demandados, se adecuó a la ordenanza y cuando vio que la afectación era masiva, de absoluta incidencia colectiva, dijo ?acá tenemos que abrir el proceso porque hay muchas personas afectadas y hay muchas personas que están afectando".

Remarcó Landívar, en referencia a las declaraciones del Dr. Curcio (Secretario de Legal y Técnica del Municipio) a La Voz, que "no es una causa entre privados, decir eso es un error jurídico. Es de incidencia colectiva, porque hay bienes y recursos naturales afectados y hay muchas personas que usan venenos peligrosos para los seres humanos. Tanto el Dr. Curcio, como al Dr. Blanc, como a todos los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires, les cabe el deber constitucional de cuidar el ambiente. Es una manda constitucional que está en el artículo 28 de la Constitución de la provincia, cosa que en principio no estaría haciendo el Dr. Curcio, intentado evadir una medida cautelar en el control de constitucionalidad que hace el Poder Judicial sobre una ordenanza anacrónica del municipio de Tandil, en donde cautelarmente cuida la salud y el ambiente de los vecinos, ante una situación absolutamente grave".

"Se observa una actitud temeraria de Curcio, deslizando que no hay que cumplir la cautelar porque se aplica la ordenanza. Es peligroso y se observa cierta temeridad. Es preocupante que un funcionario público se olvide de hacer hincapié en la salud y el ambiente de los vecinos", cuestionó.

Finalmente, explicó que "el criterio del Juez Blanc se adecua a los criterios establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Nosotros invocamos la doctrina Kersich, establecida por la CSJN, en un caso ambiental, en el que hizo referencia que los jueces, tratándose de un caso ambiental, tienen amplias facultades en cuanto a la protección del ambiente y pueden ordenar el curso del proceso, incluso darle trámite ordinario a un amparo o bien dividir las pretensiones, a fin de lograr una efectiva y rápida satisfacción en materia de prevención. Si una ordenanza del año 2011 no funcionó porque en el año 2017 y 2018 encontramos agroquímicos en el ambiente, el juez dice, con mucha sabiduría, que en seis meses, hay que tenerlo en cuenta para, preventivamente, cuidar la salud y el ambiente de los vecinos. Tenemos que ser responsables, no podemos salir a la ligera a respaldar una actividad. Son cosas muy graves las que están pasando".

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