Decidida a ir hasta el fondo y revertir los alcances de resoluciones de los ejecutivos nacional y provincial que dieron lugar a un decreto municipal duramente cuestionado por los comerciantes tandilenses, la Cámara Empresaria presentó este viernes dos demandas de amparo. 

Con ellas se propone actuar ante los tribunales que tienen competencia sobre las resoluciones dictadas por el gobierno nacional por un lado, y frente a lo resuelto por el ejecutivo bonaerense por otro. 

CARTA ABIERTA 

Las últimas medidas definidas por Nación y Provincia para mitigar la propagación del Covid 19 esta vez configuraron un marco legal cuyas implicancias transitivamente determinaron la confección de un decreto municipal -el 1531/21- que estableció diversas restricciones al funcionamiento de los locales comerciales. 

Ante eso, la dirigencia empresarial primero recurrió a una "Carta Abierta" dirigida a la gobernación bonaerense y al Ejecutivo local en la que dio cuenta del "absurdo de sobrellevar un esquema de cumplimiento imposible" y cuestionando -con énfasis- la decisión de obligar a los locales atender de la puerta para afuera. 

AMPARO

No obstante, el viernes por la noche la institución que preside el contador Marcos Redolatti avanzó con un despliegue más contundente: bajo el patrocinio del abogado Gonzalo Aramburu  -directivo de la entidad- se interpusieron sendas acciones de amparo ante la Justicia Federal y Provincial con la urgente intención de "solicitar la suspensión del efecto" del decreto municipal. 

Entre los argumentos expuestos ante la Justicia (tras revisar alrededor de 60 antecedentes en la materia) se cuestiona "el exceso regulatorio en la discriminación de rubros que tienen permitido permanecer abiertos y aquellos a los cuales se les permite operar", y se destaca el perjuicio que tanto se reiteró en la semana: "la existencia de riesgos no contemplados ni cubiertos al imponer la atención de clientes sin acceso al comercio y desde la línea municipal de vereda". 

Por otra parte los amparos hablan de una "irrazonable" distinción entre "Comercios multirubros cuya operatividad  permanece habilitada con restricciones versus comercios específicos a los cuales no se les permite su apertura y/o acceso de clientes". 

En el planteo llevado a la Justicia se denuncia  también la "inexistencia de pauta temporal de vigencia del decreto municipal" ya que "debe interpretarse que su vigencia se establece hasta tanto se resuelva el dictado de un nuevo acto administrativo. 

A todas esos motivos se añade otro no menor: la cuestión tributaria, al indicar "la desproporción  de la medida  dado que impide trabajar, ejercer el comercio e industria lícita pero a su vez no establece la equivalente suspensión del devengamiento de impuestos y tasas nacionales, provinciales y/o municipales". 

El OBJETIVO: LAS FUENTES DE TRABAJO

En definitiva, el propósito exclusivo de estas acciones se sintetiza en la necesidad de suspender  el decreto municipal  "para que los comercios puedan cumplir con sus obligaciones y los sueldos de sus empleados, cuyo trabajo es su única fuente de ingreso"

Y por supuesto se busca revertir la arbitrariedad que la norma local trae consigo al  impedir "la venta al por menor de productos textiles, prendas de vestir, calzado y juguetes en comercios de cercanía con ingreso de clientes; la venta al por menor comercios de cercanía con ingreso de clientes", perjuicio que también abarca, taxativamente, "a  restaurantes y bares el interior con aforo, salas y complejos cinematográficos, gimnasios en espacios cerrados con amplia ventilación natural, natatorios en espacios cerrados, actividad en casino y bingos, mercados y ferias de artesanías o alimentos en espacios cerrados".