Pasado a disponibilidad en febrero de 2019, un policía fue condenado en un juicio oral realizado en el Palacio de Justicia local, proceso donde quedó demostrado que, mientras desempeñaba tareas en el Comando de Patrullas de Azul, acosaba a una menor.

Oriundo de esta ciudad y de 35 años, voceros ligados a lo que fuera la instrucción de esta causa penal lo identificaron como Jorge Daniel Coronel.

De la mano de las características que tuvieron los hechos por el que el padre de la menor víctima lo denunciara en agosto de 2018, Coronel -que actualmente trabaja como remisero- fue declarado autor del delito de captación por medios tecnológicos de persona menor de edad con fines sexuales. Y el miércoles de la semana pasada fue sentenciado a tres años de prisión de ejecución condicional.

Héctor Torrens, el magistrado a cargo del Juzgado Correccional número 2, le impuso esa sanción al efectivo de seguridad.

La condena fue la misma que en su alegato había solicitado para el encausado Lucas Moyano, el fiscal titular de la UFI 22 que llevó adelante esta investigación penal y después representó a la Acusación en el debate.

Además de esa pena de prisión en suspenso, ordenada sobre la base de su carencia de antecedentes penales computables, el Juez le impuso al policía diferentes pautas de conducta, obligaciones que deberá cumplir por el plazo de dos años con el fin de que no le sea revocada la condicionalidad de la sanción dictada en esta primera instancia y que todavía no está firme.

De esa manera, el ex agente del CPA tiene que "fijar residencia", someterse al control del Patronato de Liberados y "evitar cualquier tipo de trato, acto de provocación, hostigamiento o generación de conflicto hacia la víctima y su grupo familiar", puede leerse en la resolución.

La defensora Oficial Adriana Hernández representó al policía en este juicio oral.

En su alegato, por entender que el delito que le imputaron a su defendido no estaba probado, había pedido que Coronel fuera absuelto. Y de manera subsidiaria, que en caso de resultar condenado recibiera como pena la mínima que contempla el ilícito -que va desde los seis meses a los cuatro años de prisión- por el que el azuleño fue sometido a este juicio oral.

Pero esos pedidos no prosperaron. Y tampoco fue tenida en cuenta por el juez Torrens otra solicitud formulada por la Defensora Oficial, tendiente a que se declarara prescripta la acción penal en este caso, un planteo que terminó siendo rechazado "por improcedente".

(Fuente: El Tiempo)