Durante la primera etapa de audiencias se escucharon 35 testimonios decisivos. Víctimas, familiares y testigos dieron cuenta de cómo la dictadura cívico- militar- eclesial fue la punta de lanza de un proyecto político, social y económico. La eliminación de los derechos civiles, sociales y políticos, la persecución a todo intento de resistencia y pensamiento crítico abrieron un escenario de violación sistemática de derechos humanos y de entrega de nuestro patrimonio a un puñado de empresas, participes necesarias del genocidio. Con la sociedad inmovilizada por el terror instaló la concentración económica, la especulación financiera, la desregulación estatal y un individualismo atroz. Todas cuestiones que impactan de lleno en el presente y comprometen el futuro de todas y todos. 

Resulta entonces que la lucha contra la impunidad de los crímenes del terrorismo de Estado es un asunto de interés colectivo. Por ello se invita a toda la ciudadanía a acompañar de manera presencial la retrasmisión de las audiencias en el Aula Magna de la UNICEN en Tandil (Pinto 399).  Así como en el Centro de Investigación y Postgrado de la Facultad de Derecho en la Ciudad de Azul (Bolívar 481).

Desde el 25 de febrero de 2022, el Tribunal Oral Criminal No 1 de Mar del Plata juzga los delitos cometidos en 11 centros clandestinos de detención (CCD) ubicados en Tandil, Azul y Olavarría. Durante más de dos años el tribunal - integrado por los jueces Luis Imas, Fernando Machado Pelloni y Nicolás Toselli - escuchará 250 testimonios para juzgar a 26 acusados. Los imputados son ex miembros del Ejército y de fuerzas de seguridad, así como integrantes del servicio penitenciario bonaerense. También están acusados dos civiles, los hermanos Emilio y Julio Méndez, propietarios de la quinta utilizada como CCD.