"No es una cuestión de Estado sí o Estado no. Es una cuestión de que el usuario tenga lo que tiene que tener", puntualizó la Casa Rosada tras conocerse el mandato que la Secretaría de Energía le dio al ENRE para formalizar una denuncia penal contra el directorio de esa compañía por "malversación de fondos, fraude en perjuicio de la administración pública y abandono de persona".

La denuncia será presentada en las próximas horas mientras el organismo controlador puso el pie en el acelerador sobre las conclusiones de la auditoría realizada a la empresa de capitales italianos. 

Una vez que el Gobierno tenga esas conclusiones en la mano, la primera decisión que tomará el Estado, "a través de los organismos correspondientes o del Congreso", es resolver si hay causales para que se quite la concesión a la distribuidora. Una vez resuelto esto, analizará si estatiza o hace un nuevo llamado para la concesión privada.

"Hay que hacerlo con el debido cuidado por la forma en que se hicieron las privatizaciones en los años ?90, que le dieron la concesión a Edesur por 100 años", y esto "implica contemplar si puede haber un perjuicio para el Estado", explicó la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti.

En este sentido, la vocera agregó que las alertas están puestas en el modo en que "puedan intervenir los organismos internacionales" como el Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones). Entonces, para que no haya perjuicio contra el Estado, habrá que esperar el informe del ENRE.