19 de febrero de 2026
En el marco de las jornadas de protesta contra el conjunto de leyes laborales que se tramitan en el Congreso, Hernán Arnaiz, secretario gremial de la seccional Las Flores del SATSAID (Sindicato Argentino de Televisión), expresó su profunda preocupación por las consecuencias que estas medidas tendrán sobre el grueso de los asalariados del país.
El dirigente, cuya seccional abarca la mitad de la provincia de Buenos Aires y cuenta con una delegación en Tandil, calificó la iniciativa como "una violación directa a la Constitución Nacional".
Uno de los puntos más alarmantes señalados por Arnaiz es "el
impacto directo que la reforma tendría sobre la composición del sueldo de los
trabajadores de televisión". El sector cuenta con un paquete de horas extras
acordadas que representan casi el 40% del salario total.
"No sabemos qué es lo que va a pasar, si esas horas van a
seguir, si vamos a negociar una nueva hora o si directamente la patronal, si
sale esta nueva ley, quiere sacar esas horas e ir a otra modalidad", advirtió
el referente gremial, subrayando la incertidumbre que genera el nuevo marco
legal sobre las conquistas paritarias.
Respecto a la medida de fuerza nacional, Arnaiz destacó
que "hubo un alto acatamiento, a pesar del esfuerzo económico que representa
para cada trabajador, al adherirse a la huelga, el personal no solo sufre el
descuento del día, sino que también pierde el concepto de presentismo".
Para el dirigente, esta respuesta masiva evidencia un "cierto
hartazgo en las bases trabajadoras. Se está jugando mucho el bolsillo de los
compañeros y compañeras", afirmó, vinculando esta resistencia a "intentos
previos del gobierno por modificar derechos sensibles, como el tema de las
licencias, que, aunque fue retirado tras las críticas, no ha disminuido la
preocupación por el resto del articulado".
Finalmente, el referente del SATSAID fue tajante al
afirmar que "el proyecto oficial busca coaccionar a las organizaciones mediante
la declaración de esencialidad de diversas actividades, lo cual considera una
violación al Artículo 14 bis de la Constitución Nacional". Arnaiz concluyó que "no
se trata de una modificación aislada, sino de un conjunto de leyes que pone en
jaque la estabilidad y los derechos de todos los asalariados argentinos".
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