Se manifestaron en ANSES. Trabajadores de Suteba denuncian deuda millonaria de Nación y defienden la autonomía del IPS

Estela Sinópoli, referente del sector, denunció el desfinanciamiento sistemático del Instituto de Previsión Social (IPS) y el intento de armonizar la caja provincial con el sistema nacional.

Según explicó Sinópoli, el conflicto radica en el incumplimiento de la ley que obliga al Estado Nacional, a través de la ANSES, a transferir fondos a las cajas provinciales no transferidas. En este sentido, puntualizó que bajo la gestión del presidente Javier Milei, "la deuda acumulada asciende a 2.2 billones de pesos, lo que pone en serio riesgo la sostenibilidad de las jubilaciones bonaerenses".

La dirigente recordó que la provincia "ya resistió intentos de transferencia de su caja propia en los años 90 y en el periodo 2017-2018, bajo la premisa de que perder la autonomía del IPS significaría una 'pauperización' de la salida laboral de los agentes públicos".

Una de las mayores preocupaciones expresadas por Sinópoli es la intención del gobierno nacional de volver a homologar la ley provincial a la ley nacional. La diferencia en los haberes sería drástica: mientras que el IPS garantiza actualmente entre un 70% y un 85% del ingreso mensual de un trabajador activo, el traspaso a la órbita nacional reduciría ese beneficio a un 43%.

"Nos estarían condenando a la miseria", advirtió Sinópoli, comparando la situación con la que ya atraviesan los jubilados que dependen directamente de la ANSES, cuyos ingresos calificó de insuficientes.

Defensa de los regímenes especiales: "No es un privilegio"

Sinópoli fue enfática al defender los regímenes especiales, particularmente en el sector educativo, frente a lo que considera una estrategia del gobierno para presentarlos ante la sociedad como "jubilaciones de privilegio".

Argumentó que la labor docente requiere un retiro anticipado por razones de salud laboral y física. "No podemos pensar en compañeras de 65 años sentadas en una sillita de jardín de infantes o atendiendo niños de educación especial", señaló, destacando que el ritmo de trabajo con más de 300 alumnos a cargo hace imposible extender la edad jubilatoria hasta los 65 o 70 años. "No nos da el cuerpo, no nos daría la cabeza", sentenció.

Ante la falta de respuestas políticas y el avance de normativas como la "Ley Bases" y decretos que amenazan los derechos adquiridos, Sinópoli confirmó que existen presentaciones judiciales en curso.

"Estamos esperando que la justicia determine cuál va a ser la definición", afirmó, señalando que la actividad de protesta también busca generar conciencia en la comunidad y en los propios trabajadores sobre la necesidad de defender una caja que consideran un derecho fundamental de todos los bonaerenses.