27 de abril de 2026
La situación de los caminos y la infraestructura rural en un año que vuelve a mostrar un otoño lluvioso vuelven a encender el debate sobre adónde van los fondos que aportan los productores agropecuarios -y vecinos en general- en materia de tasas. Las Sociedades Rurales del Sudeste -adheridas a CARBAP- representan a 16 distritos, donde hay casos excelentes, regulares y malos (o muy malos) en la gestión vial.
Con esa inquietud y para informarse sobre las herramientas
judiciales disponibles, a la reunión mensual que se llevó a cabo esta semana en
la Sociedad Rural de Rauch fue invitado el Dr. Jorge Moroni. Su estudio
jurídico logró fallos favorables a productores de Azul y de Daireaux, donde los
municipios deberán devolver los cobros de tasas que no tuvieron contraprestación
o que no tenían servicios claros asignados. Los montos a devolver son
millonarios.
Ante esto, el abogado constitucionalista asesoró a los
dirigentes sobre las posibles maneras de encarar un reclamo judicial en
aquellos partidos donde la situación se repita, alegando que en los tribunales
de Mar del Plata y Trenque Lauquen, como ejemplo de dónde recayeron estas
causas, hay jueces "probos y prácticos para resolver" en favor de los
productores ante lo que dice la Constitución: las tasas deben tener
contraprestación.
Moroni -que inició este camino junto a al. Dr. Juan Pedro
Merbilháa, abogado y ex presidente de CARBAP- tomó nota de qué distritos y
zonas atraviesan dificultades y quedó en contacto con las Rurales donde se
sufren circunstancias difíciles de transitabilidad y donde el diálogo con el
municipio no resulta. Pero insistió en la participación de las entidades y los
productores en los senderos institucionales para evitar problemas: el
conocimiento de las ordenanzas, la promoción de propuestas, la asistencia a las
asambleas de mayores contribuyentes, comisiones y sesiones de los Concejos
Deliberantes.
La Sociedad Rural de Rauch es autora de un proyecto para
eliminar paulatinamente la tasa de Guías, Marcas y Señales de su distrito, pero
hasta ahora sin aprobación final, porque "los concejales locales -dice la
entidad- siguen haciendo un 'copia y pegue' desde hace 30 años". Para
Moroni, cualquier juez que tomara esa tasa con un reclamo real, la haría caer
inmediatamente: porque no tiene contraprestación. "Sólo hay una oficina
que impone un sello", dijo. Distinto el caso de los DTe de SENASA, donde
hay una obligación sanitaria. Moroni recomendó aprovechar el momento para
avanzar en reclamos que despierten a los intendentes del letargo y "de la
consideración del campo como sólo una fuente de recursos", donde en la
gran mayoría se depende de la tasa vial para mantener las cuentas locales.
Al margen de lo económico, entre los casos de éxito en la
gestión de caminos se citan Tandil, Benito Juárez, San Cayetano, General
Lavalle y General Madariaga; en segunda línea -con críticas, pero con diálogo-
Mar Chiquita, Rauch, Maipú, Lobería, Ayacucho y Balcarce; se suma con
dificultades Adolfo Gonzales Chaves; y entre las peores circunstancias y casi o
sin respuesta del municipio General Pueyrredón, General Alvarado, Necochea y
General Guido.
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