Nacionales. El Gobierno exige a las universidades nacionales garantizar el dictado de clases pese a los paros docentes

En un contexto de creciente conflictividad gremial, el Gobierno Nacional, a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, ha solicitado formalmente a los rectores de las Universidades Nacionales un informe detallado sobre las acciones institucionales que están implementando para garantizar el derecho de enseñar y aprender de manera efectiva y sin interrupciones.

El fundamento constitucional y el servicio público

La medida se fundamenta en que el acceso a la educación es un pilar estratégico para el desarrollo del país, respaldado por el Artículo 14 de la Constitución Nacional y diversos tratados internacionales con jerarquía constitucional.

Según el documento oficial, la educación superior constituye un "servicio público" regido por el Principio de Continuidad, lo que obliga a la administración universitaria a garantizar que la prestación sea regular, constante e ininterrumpida.

La Subsecretaría advierte con "extrema preocupación" que las medidas de acción directa, como los paros docentes y no docentes, han derivado en algunos casos en la suspensión total de la actividad académica.

Al respecto, el organismo sostiene que, si bien el derecho a huelga está reconocido, este no puede anular el derecho a la educación, debiendo ambos armonizarse según la jurisprudencia vigente.

Exigencias para los rectores

El requerimiento establece un plazo perentorio de 48 horas para que las universidades remitan un informe detallado que incluya:

Planes de Contingencia: Medidas para cumplir con el calendario académico pese a las medidas de fuerza.

Garantía de Acceso: Acciones para asegurar la apertura de los edificios y el libre acceso de quienes decidan no adherir a los paros.

Modalidades Alternativas: Implementación de herramientas virtuales o reprogramaciones para que ningún alumno pierda la regularidad o sus exámenes.

Advertencias sobre presupuesto y auditorías

El comunicado es contundente respecto a las consecuencias del incumplimiento. Se advierte que la omisión en la protección del derecho a enseñar y aprender podría dar lugar a actuaciones administrativas y judiciales.

Asimismo, se informó que se dará intervención a los órganos de control como la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Auditoría General de la Nación (AGN).

Finalmente, el Gobierno advirtió que el incumplimiento de este requerimiento habilitará la revisión de la transferencia de recursos presupuestarios, bajo el entendimiento de que el sostenimiento financiero estatal exige, como condición necesaria, la operatividad del sistema educativo.