La Región. El Gobierno Nacional adjudicó la concesión de la Ruta 226

El Ministerio de Economía adjudicó la gestión de dos sectores de la red vial nacional por un periodo de 20 años y las empresas seleccionadas se encargarán de las rutas bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje. Una de ellas es la ruta 226 que cruza nuestra ciudad y se extiende entre Mar del Plata y Gral. Villegas.

La medida se oficializó mediante la Resolución 706/2026 del Ministerio de Economía, publicada hoy en el Boletín Oficial.

El documento ratifica el proceso de privatización de la empresa Corredores Viales SA, iniciado bajo el marco de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos.

Los nuevos operadores tienen la facultad de realizar la "construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación, mantenimiento, prestación de servicios al usuario".

Según la Comisión Evaluadora, las propuestas seleccionadas "se ajustan plenamente a las condiciones de los pliegos y resultan económicamente las más convenientes para el interés público".

El ministro Caputo precisó que "son más de 1.800 km de rutas nacionales que pasarán a operar bajo un esquema sin subsidios, con inversión 100% privada.

La adjudicación para el Tramo Sur - Atlántico - Acceso Sur, el consorcio integrado por Concret Nor SA, Marcalba SA, Pose SA y Coarco SA resultó ganador con una tarifa de $997 sin IVA.

El tramo "Atlántico" está conformado por la Ruta 226 desde su kilómetro 0 en Mar del Plata, en el cruce con la ruta 2, y hasta el kilómetro 404,32, que conecta con la ruta 65 en Bolívar. Pasa por Balcarce, Tandil, Azul y Olavarría, entre otras localidades bonaerenses.

Vale recordar que la empresa Autopistas de Buenos Aires S.A. (Aubasa), actual concesionaria, presentó una impugnación de la licitación pública luego de haber sido excluida del proceso.

Aubasa se presentó en la compulsa impulsada por el gobierno nacional para la concesión de algunas rutas, pero fue excluida. Ante esta situación, el gobierno provincial denunció falta de transparencia y un posible "negociado" mientras que pidió la intervención de la Defensoría del Pueblo.