La Región. Los Martilleros bonaerenses fijan posición ante la desregulación de la actividad: "Un retroceso de más de medio siglo"

El Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia de Buenos Aires (Martilleros BA) expresó su rechazo al "proyecto presentado por un puñado de legisladores de LLA que busca equiparar a un profesional universitario con cualquier entusiasta en la materia, bajo una supuesta premisa desregulatoria".

Luis Eusebio Colao, presidente de Martilleros BA, cuestionó a un grupo de diputados de LLA que presentó recientemente en la Legislatura bonaerense un proyecto que "eufemísticamente denominan 'desregular el mercado inmobiliario' y que roza con lo ignaro y lo obsoleto, además de que, a prima facie, retrocede más de medio siglo en la evolución histórica profesional de la provincia".

Según el titular del Colegio inmobiliario provincial, "la tentativa de estos nueve legisladores, de los veinte que integran el bloque de La Libertad Avanza (LLA) bonaerense, es esconder, a través del enmarañado proyecto, la equiparación de los profesionales universitarios con cualquier persona humana o jurídica no matriculada, tal como señala su articulado propuesto".

"Con inusitado desparpajo -advierte Colao- modifican el Art. 80 de las infracciones con el siguiente texto: 'Queda excluida de las infracciones y multas previstas en el presente artículo toda persona que intervenga en la compraventa de inmuebles sin poseer título de martillero o corredor público'. Dicha modificación no sólo equipara la ilegalidad, sino que además la despenaliza. En resumidas cuentas, SE LEGALIZA LA ILEGALIDAD y se abre la puerta al reino de las estafas".

Más adelante, el presidente de Martilleros BA acusó a los nueve legisladores que promueven el mencionado de "promover la ilegalidad y de vulnerar, caprichosamente, la dedicación y el esfuerzo de cientos de personas que estudiaron una carrera y se perfeccionan con cursos y talleres a diario para brindar un mejor servicio".

Además, sostuvo que la iniciativa "precariza o podría terminar definitivamente con las fuentes de trabajo de más de 200 mil familias que laboran de modo directo e indirecto en el mercado inmobiliario de la provincia".