Locales. Absolución y condena parcial: Se conoció la sentencia para los dirigentes Griselda Altamirano y Jorge Lezica

El titular del Juzgado en lo Correccional Nº1 de Azul, el Dr. Carlos Alberto Pocorena, resolvió la absolución de los imputados en la causa por daños ocurridos en el Palacio Municipal, aunque dictó un fallo condenatorio por los incidentes en la sede judicial de Azul.

En relación a la causa principal por los destrozos en la Municipalidad de Tandil, el magistrado determinó la absolución de Altamirano y Lezica.

Según explicó la propia dirigente tras escuchar el veredicto, la fiscalía no logró probar la "autoría funcional" que pretendía atribuirles por los daños materiales registrados durante la protesta.

Sin embargo, Altamirano fue condenada por el delito de "estorbo funcional" vinculado a una segunda causa por disturbios en la Cámara de Apelaciones de Azul.

Al respecto, la dirigente social adelantó que apelará esta resolución, cuestionando la imparcialidad del proceso dado que los denunciantes en dicho expediente son los propios jueces de la Cámara.

El camino hacia este juicio fue extenso y complejo. Originalmente, Altamirano enfrentaba cinco causas penales, pero tres de ellas prescribieron antes de llegar a la instancia de debate oral debido al tiempo transcurrido.

Entre los cargos que se extinguieron se encontraban denuncias por amenazas.

El juicio, que debió comenzar en agosto de 2024, sufrió sucesivas suspensiones antes de ponerse en marcha finalmente en Tandil.

Durante las audiencias, se escucharon testimonios de efectivos policiales y de exfuncionarios municipales, como Atilio Della Maggiora y Andrés Curcio, quienes relataron los hechos de violencia vividos en la sede de gobierno.

El trasfondo: El caso Jorge Sebastián Simón

La causa contra los dirigentes se originó a partir de los incidentes del 6 de diciembre de 2021. Aquel día, miembros de la Agrupación 1 de Octubre se manifestaron frente al Palacio Municipal tras la muerte de Jorge Sebastián Simón, un joven que fue atropellado por el entonces funcionario municipal Luciano Jaureguiber.

La protesta, que derivó en enfrentamientos con la policía y daños al edificio, buscaba denunciar un presunto encubrimiento por parte del gobierno local hacia Jaureguiber.

En sus declaraciones tras el fallo, Altamirano manifestó que la absolución por daños no representa un "acto de justicia" pleno, ya que considera que el crimen de Simón sigue impune y que la justicia buscó un "grado de equilibrio" al evitar imponerles una condena de prisión efectiva mientras el exfuncionario Jaureguiber ya goza de libertad.

Con este veredicto, se cierra una etapa crucial en uno de los procesos judiciales más prolongados de la militancia social en la región, aunque la condena por estorbo funcional promete abrir un nuevo capítulo en las instancias de apelación.