Locales. Loteos irregulares: Aseguran que hay más de 20 casos denunciados por vecinos

La Asamblea para la Preservación de las Sierras advierte sobre "la violación sistemática del Plan de Desarrollo Territorial y la inacción municipal", ante una veintena de casos denunciados por irregularidades que fueron detectados por los vecinos de distintas zonas de Tandil.

El conflicto por la urbanización de las zonas serranas en Tandil ha escalado tras las recientes declaraciones de Fabián Mestralet, integrante de la Asamblea para la Preservación de las Sierras. Según el referente, el Plan de Desarrollo Territorial (PDT), que define estrictamente las restricciones en la zona denominada "Sierra Protegida de Tandil", está siendo "violado reiteradamente" desde su emisión en 2007, ya sea mediante excepciones o por la falta de fiscalización del Ejecutivo municipal.

Entre las denuncias hay casos resonantes o que ya han repercutido en la opinión pública, aunque se han detectados muchos más.

Los vecinos han constatado la existencia de construcciones terminadas y lo más alarmante, según Mestralet, es que algunas de estas obras cuentan con medidores de luz instalados por la Usina, a pesar de que el propio municipio admitió que no cuentan con planos presentados.

Otro foco de conflicto es el emprendimiento inmobiliario en la avenida Fleming, vinculado a un establecimiento educativo. La Asamblea advierte que el proyecto se aprobó basándose en una medición de altura (cota) realizada por un profesional privado contratado por los desarrolladores, ignorando los datos oficiales del Instituto Geográfico Nacional (IGN). "Si la cota era mayor de 220 metros, como mostraban los planos que todos usan, el emprendimiento no se podía hacer directamente", afirmó Mestralet, calificando la aceptación de mediciones privadas por parte del municipio como un precedente "gravísimo".

Un sistema de "vista gorda"

La Asamblea ha identificado al menos 20 casos de construcciones irregulares, algunos de larga data y otros recientes, bajo figuras como subdivisiones o condominios que no presentan planos oficiales. Los vecinos critican que, mientras ellos logran detectar estas infracciones mediante observaciones simples o redes sociales, el municipio parece "llegar tarde" o carecer de una política de control efectiva.

"No controlar también a veces es una política", sentenció Mestralet, subrayando que el problema "no radica en la necesidad de cambiar el PDT, sino en la falta de voluntad para hacerlo cumplir".

Las consecuencias de este avance urbano desmedido no son solo legales. Se denuncia un fuerte impacto ambiental y una presión indebida sobre los servicios públicos, ya que estos nuevos desarrollos terminan demandando apertura de calles, agua y cloacas en zonas no aptas. Además, se han reportado episodios de violencia, con vecinos agredidos al intentar pedir explicaciones sobre estas obras.

Ante esta situación, la Asamblea exige que el municipio implemente mecanismos de control transparentes e independientes, sugiriendo herramientas como una línea de consulta ciudadana (0800) para denunciar irregularidades de forma temprana.