29 de julio de 2026
Los adultos mayores se encuentran entre los sectores más expuestos al deterioro de las condiciones económicas y financieras. De un universo de más de 9 millones de personas en edad de jubilarse -varones mayores de 65 años y mujeres mayores de 60 -, el 44,6% mantiene actualmente saldos activos. Esto significa que más de 4 millones de adultos mayores recurren al crédito para financiar consumos, gastos corrientes o compromisos económicos previos.
La evolución reciente muestra una tendencia ascendente. Desde 2021, la proporción de adultos mayores con financiamiento activo se mantuvo en torno al 40% hasta la segunda mitad de 2023, cuando comenzó a observarse una aceleración que llevó el indicador a niveles superiores a los registrados en años anteriores. Como resultado, el endeudamiento actual se ubica aproximadamente cinco puntos porcentuales por encima del observado al inicio de la serie.
LA MORA SE DISPARA Y EMPEORA LA CAPACIDAD DE PAGO
Este incremento del endeudamiento no vino acompañado por una
mejora de las condiciones financieras de los hogares. Por el contrario, los
indicadores de incumplimiento en los pagos muestran un deterioro acelerado
durante el último año
Tras la reducción del incumplimiento en los pagos observada
luego del pico registrado durante la pandemia, la irregularidad comenzó a
crecer nuevamente a partir de enero de 2025. Desde entonces, la proporción de
deudas en situación irregular se multiplicó casi por cuatro reflejando una
creciente dificultad para cumplir con los compromisos asumidos.
Este fenómeno se da además en un contexto general de
empeoramiento de la calidad del crédito. A nivel nacional, la irregularidad
superior al observado de los hogares durante la pandemia alcanzó (5,1%), en
mayo el 12, 8 % , dato muy mientras que la Provincia de Buenos Aires presenta
indicadores aún más elevados que el promedio nacional (18,6%) .
La combinación de mayores niveles de deuda con una creciente incapacidad para afrontar los pagos configura un escenario de fragilidad financiera cada vez más pronunciado para los adultos mayores.
El 44,6% de los jubilados y jubiladas (más de 4 millones de personas) mantiene saldos activos, casi 5 puntos porcentuales más que en 2022.
MENORES INGRESOS Y MAYOR DEPENDENCIA DEL CRÉDITO
La expansión del endeudamiento está estrechamente vinculada al deterioro de los ingresos reales de los jubilados. La jubilación mínima, incluso considerando los bonos compensatorios, registra una caída significativa de su capacidad de compra. En términos reales, el haber mínimo de 2026 se ubica un 19% por debajo del nivel registrado en noviembre de 2023, lo que implica una pérdida sustancial de ingresos para millones de jubilados y jubiladas. Cabe señalar que el Índice de Precios al Consumidor, utilizado para calcular esta variación, no distingue el peso específico de algunos bienes y servicios particularmente relevantes para los adultos mayores -como medicamentos, atención de la salud, alimentos y servicios básicos -, cuyos precios registraron, en determinados períodos, aumentos superiores al promedio general de la inflación. Por lo tanto, el deterioro efectivo de la capacidad adquisitiva de este segmento podría ser incluso mayor.
La irregularidad de sus deudas alcanzó el 11,4% en mayo de 2026 (457.596 personas), frente al 4,1% de mayo de 2025: casi se triplicó en un año.
Si bien la pérdida acumulada alcanza el 30% respecto de
comienzos de 2018, la comparación con noviembre de 2023 permite observar con
mayor claridad el deterioro reciente experimentado por los ingresos previsionales.
En este contexto, el crédito aparece cada vez más como una
herramienta para sostener el consumo cotidiano. La persistencia de elevados
niveles de endeudamiento entre los adultos mayores sugiere que una parte
creciente de los hogares jubilados necesita complementar sus ingresos mediante
financiamiento para afrontar gastos básicos.
MÁS JUBILADOS Y JUBILADAS BUSCAN COMPLEMENTAR INGRESOS
La pérdida de poder adquisitivo también tiene efectos sobre
el comportamiento laboral de los adultos mayores. Este fenómeno coexiste con
otros cambios demográficos e institucionales, como el aumento de la expectativa
de vida y la permanencia de edades jubilatorias que no se modificaron, lo que
prolonga la cantidad de años que las personas deben sostenerse con ingresos
previsionales y puede favorecer una mayor permanencia o reinserción en el
mercado laboral.
En la provincia de Buenos Aires, muchos adultos mayores que
son jefes o jefas de hogar también recurren a otras estrategias para
complementar sus ingresos, cuya utilización muestra una tendencia creciente
desde el cuarto trimestre de 2022. Entre ellas se encuentran las donaciones o
ayudas de organismos gubernamentales, iglesias y escuelas; los aportes de
familiares, vecinos u otras personas; las cuotas alimentarias o ayudas
económicas de personas que no viven en el hogar; el uso de ahorros; los
préstamos de familiares, amigos, bancos o entidades financieras; y la venta de
pertenencias.
Históricamente, alrededor del 80% de las personas en edad jubilatoria permanecía fuera del mercado laboral. Sin embargo, los datos más recientes muestran una reducción de la inactividad y una mayor presencia de adultos mayores entre la población ocupada.
En la provincia de Buenos Aires, el uso de ahorros, ayudas, préstamos y venta de pertenencias para complementar ingresos crece desde el cuarto trimestre de 2022.
La tendencia resulta particularmente visible en el Gran
Buenos Aires, donde la proporción de adultos mayores ocupados pasó de
aproximadamente uno de cada cinco a cerca de uno de cada cuatro hacia finales
de 2025.
Al mismo tiempo, la tasa de desocupación continúa siendo baja. En este contexto, el aumento de la ocupación no parece responder únicamente a una mayor demanda laboral, sino también a la necesidad de generar ingresos adicionales para compensar la pérdida de poder adquisitivo de las jubilaciones, junto con la prolongación de la vida activa asociada a una mayor longevidad.

CONCLUSIONES
Los datos permiten identificar una secuencia cada vez más
evidente entre los adultos mayores, en la que la caída de los ingresos impulsa
la búsqueda de recursos complementarios, tanto mediante una mayor utilización
del crédito como a través de la continuidad laboral y otras estrategias. Este
proceso se traduce en un aumento del endeudamiento y, ante las crecientes
dificultades para afrontar los compromisos asumidos, en una expansión de la
mora.
La pérdida del poder adquisitivo de la jubilación mínima
desde noviembre de 2023 ocurre en paralelo con un aumento del endeudamiento y
un fuerte deterioro de la capacidad de pago. Actualmente, más de cuatro de cada
diez jubilados mantienen deudas activas y los niveles d mora muestran una
aceleración preocupante.
Los datos no permiten atribuir todos estos cambios a una única causa, pero su convergencia muestra que el crédito cumple, para una parte importante de los adultos mayores, una función cada vez más vinculada al sostenimiento de gastos cotidianos. En este contexto, el endeudamiento deja de ser solamente una herramienta de financiamiento para el crecimiento y se convierte en un indicador de vulnerabilidad económica. El escenario plantea la necesidad de combinar políticas de recuperación de ingresos con mecanismos de prevención del sobreendeudamiento, acceso responsable al crédito y asistencia temprana ante dificultades de pago.
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