Azul responde a Tandil:. "Tratar a las personas como objetos de los cuales disponer remite a períodos muy oscuros de la historia"

El conflicto surgió en torno al traslado de un grupo familiar hacia la ciudad de Tandil en un vehículo oficial, un hecho que Lunghi calificó como una supuesta maniobra de "expulsión" o "abandono" territorial.

Desde el municipio de Azul se aclaró que el grupo familiar en cuestión es originario del partido de Bolívar y que recibió asistencia continua por parte de profesionales de Azul durante más de cuatro años. La situación de esta familia era abordada de manera conjunta a través del Consejo local de Hábitat de Azul, en colaboración con diversas asociaciones civiles, dependencias municipales y representantes del servicio de justicia. Este trabajo articulado buscaba dar una respuesta habitacional a veinte familias asentadas en el predio "Los Piletones", una zona afectada por la contaminación del suelo. En ese marco, la Ordenanza N° 5.204 creó el programa "Emergencia Habitacional por Contaminación", siendo esta familia una de las beneficiarias de los módulos habitacionales proyectados para construirse en el predio del Tiro Federal.

Según explicaron las autoridades de Azul, la semana pasada se intervino para intentar solucionar un conflicto de convivencia existente entre esta familia y otros beneficiarios del programa de módulos habitacionales. Esta conflictividad interna, motivó que los miembros de la familia decidieran por voluntad propia dejar de residir en el predio de Los Piletones. Por lo tanto, la Comuna de Azul enfatizó que "la solicitud de traslado no se originó en una falta de asistencia estatal ni en carencias habitacionales insatisfechas".

La petición de ser trasladados a Tandil "fue realizada formalmente por uno de los adultos del grupo, quien manifestó que la mudanza se motivaba en la búsqueda de oportunidades laborales y de alojamiento para su familia en dicha localidad. Tras evaluar que contaban con las condiciones necesarias para instalarse en Tandil y que no requerían de asistencia municipal adicional, Azul dispuso el traslado en un vehículo oficial".

El grupo familiar trasladado estaba compuesto por diez integrantes: cuatro adultos y seis menores de edad. Frente a esto, el Ejecutivo de Azul remarcó la discrepancia con la denuncia de Tandil, señalando que no se comprende de dónde surge la referencia a once personas mencionada por el Intendente Lunghi en su nota.

Respecto a los señalamientos de Tandil de que no se habrían respetado los derechos de los niños y niñas, Azul aclaró que en su Servicio Local "no existían antecedentes de intervención ni situaciones que justificaran una respuesta de dicho organismo. Los progenitores ejercían de forma plena la responsabilidad parental, por lo que una injerencia del Estado en la libre decisión de mudarse de la familia no resultaría razonable".

La administración de Azul calificó de "improcedente toda construcción discursiva que intente catalogar el traslado como una "expulsión", una "deportación municipal" o un "abandono"". Definieron estas acusaciones como una "tergiversación injuriosa e inadmisible, que denota una liviandad institucional impropia para el diálogo entre jefes comunales".

Asimismo, Azul rechazó categóricamente la exigencia de Tandil de garantizar un "retorno seguro" y asumir de manera definitiva la asistencia de la familia. Al respecto, señalaron que "ningún intendente tiene la facultad legal de disponer compulsivamente el traslado de personas adultas o grupos familiares. Hacerlo implicaría ignorar principios elementales de legalidad, autonomía de la voluntad, libertad de tránsito y dignidad humana".

Con el mismo énfasis, se rechazó de plano la pretensión de Tandil de trasladar a Azul los gastos económicos derivados de la asistencia que Tandil decidió afrontar. Azul argumentó que no existe fundamento legal que permita convertir una decisión unilateral adoptada por la administración de Lunghi en una deuda exigible de manera automática al municipio azuleño.

Además, recordaron que "tanto los adultos como los niños tienen garantizado constitucionalmente el derecho a circular libremente por el territorio nacional, trabajar, acceder a la vivienda y elegir su residencia, temporal o permanente, aun cuando esto no sea del agrado de las autoridades locales". Advirtieron, también, que "tratar a las personas como objetos de los cuales disponer remite a períodos muy oscuros de la historia reciente de nuestro país". Azul insistió en que "ninguna decisión sobre el lugar de residencia de una familia puede ser acordada entre dos intendentes sin la participación y el consentimiento libre e informado de sus integrantes, pues disponer de un retorno forzoso incurriría en el mismo vicio de decidir sobre la vida de personas vulnerables sin escucharlas".

Finalmente, reafirmando el compromiso con el bienestar de la familia, el municipio de Azul propuso de manera constructiva "conformar una mesa de trabajo conjunta entre ambos Departamentos Ejecutivos". Esta mesa contaría con la participación de las áreas sociales de ambas comunas, y tendría como primer paso escuchar de manera directa y personal a los adultos del grupo familiar para conocer su situación real y respetar su plena autonomía.

Para cerrar, indicaron que "la cooperación intermunicipal debe construirse sobre actuaciones serias, fundadas técnicamente y respetuosas de las competencias y límites de cada jurisdicción, y no sobre imputaciones unilaterales, intimaciones altisonantes o amenazas de acciones legales".