23 de agosto de 2026
Cuando se presta al mil por ciento anual, que el cliente no pague deja de ser un accidente del negocio y pasa a ser el negocio. Mientras tanto, la educación financiera sigue siendo una lección que se le da solamente al que pide prestado.
por
Por Lic. Ariel Saracca - Licenciado en Administración
La cantidad de familias argentinas que no llega a pagar sus deudas se cuadruplicó desde fines de 2023. Hoy el 17,5% de los préstamos personales está atrasado y hay más de veinte millones de personas endeudadas con bancos y financieras. El dato no habla de una epidemia de irresponsabilidad, sino de lo que pasa cuando el sueldo alcanza cada vez menos -en 2025 los salarios privados registrados perdieron frente a la inflación y la desocupación subió del 6,4% al 7,5%- y el crédito deja de servir para comprar una casa y empieza a servir para llegar a fin de mes.
Hasta acá, el diagnóstico es conocido. Lo que casi no se discute es el otro lado del mostrador.
Cuando la tasa es tan alta que el que no paga es el mejor cliente
La explicación habitual es que las tasas
son altas por el riesgo: como hay muchas chances de que el cliente no pague, la
financiera cobra un extra para cubrirse. El razonamiento es correcto, y nadie
discute que prestar sin garantías cuesta más caro. La pregunta es qué pasa
cuando ese extra deja de tener relación con cualquier cálculo razonable.
El Banco Central informó que en 2025 las
financieras no bancarias cobraban en promedio un 129% anual por un préstamo
personal. Pero el promedio esconde lo importante. Un relevamiento de la
consultora Pharo midió a comienzos de 2026 lo que realmente termina pagando el
cliente cuando se suman intereses, seguros, cargos y comisiones: un 1.400%
anual en promedio, con casos bastante peores.
A esos números, algo cambia de naturaleza.
No existe sueldo en la Argentina que aguante una deuda que se multiplica de ese
modo. Que el cliente no pague deja de ser una posibilidad y pasa a ser lo
esperable. Y entonces hay que preguntarse cómo puede ser rentable un negocio
armado sobre clientes que no pagan.
La respuesta es que no está armado sobre
clientes que pagan. Está armado sobre clientes que nunca terminan de pagar.
Para este modelo, el que salda su préstamo
en tiempo y forma es un cliente mediocre: devuelve la plata, deja una ganancia
y se termina la relación. El cliente ideal es el que se atrasa, entra en
punitorios, refinancia, se vuelve a atrasar y sigue pagando cuotas durante años
sobre un saldo que crece más rápido de lo que él lo baja. Esa persona no es una
pérdida: es una fuente de ingresos que no se agota. Su mora no arruina el
negocio, lo alimenta.
El
riesgo no se puede cobrar dos veces
Se dirá que una cosa es el extra que se
cobra por adelantado para cubrir el riesgo, y otra los punitorios que se
aplican después al que se atrasó. Es cierto que no son lo mismo. Pero el
argumento se cae cuando la empresa recupera de manera sistemática aquello que
dijo estar arriesgando. Quien cobra por correr un riesgo y a la vez tiene cómo
no correrlo no está arriesgando: está cobrando una ganancia asegurada.
La herramienta principal tiene nombre en
nuestras leyes: el anatocismo. Traducido, es cobrar intereses sobre los
intereses. Cuando los intereses que no se pagaron se suman a la deuda original
y desde ahí generan nuevos intereses, lo que uno debe deja de tener relación
con la plata que recibió. El monto ya no mide un préstamo: mide el tiempo que
pasó desde el atraso.
En la vida real esto rara vez se presenta
con ese nombre. Llega disfrazado de ayuda, como refinanciación. Al cliente
atrasado le ofrecen ordenar su situación con un acuerdo nuevo, que suma a la
deuda original los intereses acumulados, los punitorios y los cargos. La tasa
parece más razonable, pero se aplica sobre una cifra inflada: la cuota baja
porque estiran el plazo, mientras el total a pagar sube. Visto desde el deudor
es una trampa; visto desde la empresa, alguien que lleva cuatro años pagando y
todavía debe más que el primer día.
Cazar
en el zoológico
Hay dos ideas que los economistas usan para
pensar el crédito, y las dos fueron pensadas para proteger al que presta.
La primera dice, en criollo, que cuanto más
caro es un préstamo, más se van los clientes que pueden elegir y más quedan los
que no tienen otra opción. Hace más de cuarenta años, dos economistas -uno de
ellos, Joseph Stiglitz, después ganó el Nobel- mostraron que por eso mismo el
que presta llega a un punto en que deja de subir la tasa y prefiere no prestar:
sabe que si sigue subiéndola se queda solo con los peores clientes.
En la Argentina pasó lo contrario. Las
tasas subieron y el crédito se expandió al mismo tiempo: entre diciembre de
2024 y diciembre de 2025 las personas con préstamos otorgados por aplicaciones
pasaron de 4,7 a 6,7 millones.
¿Por qué no funcionó lo que la teoría
predecía? Porque parte de suponer que el prestamista no sabe bien a quién le
presta. Y eso dejó de ser cierto.
Las fintech no prestan desde afuera de la
vida económica de sus clientes: prestan desde adentro. La misma aplicación
donde la persona cobra el sueldo, paga el alquiler, hace las compras y carga la
SUBE es la que le ofrece el préstamo. No necesitan preguntarle cuánto gana: lo
ven entrar todos los meses. No necesitan preguntarle en qué gasta: tienen el
detalle.
Prestar en esas condiciones se parece
bastante a cazar en el zoológico. El animal está adentro del cerco, alimentado
por el mismo que le apunta.
Y acá está lo que más incomoda. Si la
empresa sabe tanto, cuando le presta a alguien una cuota que evidentemente no
entra en el sueldo que ella misma ve acreditarse, no se está equivocando: está
decidiendo con toda la información sobre la mesa. La ignorancia dejó de ser una
excusa disponible.
Conviene notar, además, que el peor
informado hoy no es el que presta sino el que pide. La aplicación conoce
nuestros consumos y nuestras costumbres; nosotros no sabemos con qué criterio
nos califican ni cuánto vamos a terminar devolviendo.
La
segunda idea: cuidarse menos cuando paga otro
La segunda idea se llama riesgo moral, y
suena más complicada de lo que es. Describe algo cotidiano: uno se cuida menos
cuando el costo de su descuido lo paga otro. El que tiene seguro contra robo
deja el auto en la calle más seguido. No por deshonesto, sino porque el
problema, si ocurre, no será del todo suyo.
La idea se le aplica siempre al deudor: que
usó la plata para otra cosa, que se endeudó de nuevo, que dejó de esforzarse.
Pero describe una situación, no una clase de persona. Corresponde entonces
hacerle al que presta la misma pregunta: si el préstamo sale mal, ¿lo paga él?
En buena medida, no. Por dos motivos. El
primero ya lo vimos: la pérdida casi no ocurre, porque el que se atrasa termina
dejando tanto o más que el que cumple. El segundo es menos conocido. El Banco
Central documentó que buena parte de estas empresas se financia vendiéndoles a
inversores el paquete de deudas que otorgó. Es decir: el que decide a quién
prestarle no es el que pierde la plata si el préstamo falla. Es el mismo
mecanismo que estalló en la crisis hipotecaria de Estados Unidos en 2008.
Cuando la pérdida no vuelve a quien tomó la
decisión, evaluar bien a quién se le presta deja de ser una necesidad del
negocio y pasa a depender de la buena voluntad. Ninguna industria se organiza
sobre la buena voluntad.
Cuidado
con la educación financiera
Frente a todo esto, la respuesta que suele
ofrecerse es más educación financiera. Aprender a comparar opciones y entender
cuánto se termina pagando es útil. Lo que conviene advertir es que también
puede convertirse en una manera elegante de echarle toda la culpa al que pidió
prestado.
Detrás de ciertos consejos sobre cómo
administrar el dinero asoma una conclusión moral: si no podés pagar, es porque
gastaste mal o fuiste irresponsable. Así, un acuerdo entre dos partes se
transforma en un juicio sobre una sola. Y el desplazamiento no es inocente: mientras
se discute qué hizo mal el deudor, no se discute la tasa, ni cómo lo evaluaron,
ni por qué le dieron ese préstamo. La injusticia es mayor cuando la plata se
usó para comprar comida.
Hay además una incoherencia difícil de
sostener. Si le enseñamos al deudor a no comprometerse por encima de lo que
puede pagar, deberíamos exigirle lo mismo -y con más razón- a una empresa que
se dedica profesionalmente a calcular quién va a poder pagar y que ve la vida
económica de su cliente en tiempo real.
Una
propuesta, entre otras posibles
No hay una única salida, y sería deshonesto
presentarla como si la hubiera. Lo que sigue es una propuesta posible entre
otras: habrá quien piense caminos distintos, y el debate sobre esto recién
empieza. Pero si el diagnóstico anterior es correcto, cualquier salida va a
tener que apuntar al mismo lugar, que es cortar el vínculo entre el atraso del
cliente y la ganancia de la empresa.
Una primera medida sería prohibir que se
cobren intereses sobre los intereses en los préstamos de consumo. Es modesta,
casi técnica, y por eso mismo tiene chances de aplicarse: no fija precios ni le
dice a nadie a quién prestarle. Solo establece que lo que uno no pudo pagar un
mes no se convierta en capital nuevo que genera más deuda al mes siguiente. Con
eso alcanza para que la refinanciación eterna deje de ser un negocio: la deuda
podrá crecer, pero deja de multiplicarse sola.
Una segunda sería poner un techo a lo que
una financiera puede llegar a cobrar en total por un préstamo, contando todo:
intereses, punitorios, seguros, cargos y comisiones. No un tope a la tasa, que
se esquiva agregando conceptos nuevos, sino un límite a la suma final, sin
importar cuánto tiempo pase.
Y una tercera, la que más cambiaría las
cosas: que la empresa que prestó sin averiguar si el cliente podía pagar no
pueda reclamar después más que la plata que efectivamente entregó. No una
multa, que se computa como un costo más del negocio, sino una consecuencia
real. Si prestar mal sale gratis, se va a seguir prestando mal.
Las tres apuntan a lo mismo. El día que el
cliente atrasado deje de rendir más que el cumplidor, a las empresas les va a
volver a convenir prestar bien. Ese es el problema a resolver, y no la
distracción de discutir si el deudor supo o no administrarse.
Se objetará que cualquier límite hará que
el crédito se retire de los que más lo necesitan. La objeción merece tomarse en
serio, porque parte de estos préstamos van a dejar de darse. Pero supone que
ese crédito le hace bien a quien lo recibe, y eso es precisamente lo que está
en discusión. Un préstamo que solo le cierra a la empresa porque el cliente
nunca va a terminar de pagarlo no es inclusión financiera: es otra cosa, con
otro nombre. Que ese crédito se retire no es un costo de la regulación, es para
lo que sirve.
Todo esto necesita una autoridad dispuesta
a hacerlo. El Banco Central produce los datos que permiten ver el problema con
enorme precisión -esta columna se apoya en ellos-, pero producir estadísticas
no es lo mismo que regular. Decir que el endeudamiento de veinte millones de personas
es un asunto entre privados es, en los hechos, decidir que las pérdidas van a
quedar donde las dejó el contrato: sobre el lado más débil.
No alcanza con educar para pedir prestado. También hay que regular para prestar. Y la prudencia debe exigirse con más fuerza a quien tiene más información, escribe el contrato, pone el precio y cobra por asumir un riesgo que, tal como está armado hoy el negocio, en buena medida no asume.
COMPARTE TU OPINION | DEJANOS UN COMENTARIO
Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales.