Nacionales. Las CTA impugnan la nueva fijación del salario mínimo y exigen retomar la negociación

La CTA de las y los Trabajadores y la CTA Autónoma, a través de una carta documento enviada en el día de hoy a Lic. Sandra Petovello, ministra de Capital Humano, impugnan la Resolución 4/2026, mediante la cual se estableció el nuevo valor del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), y exigen al Gobierno que convoque nuevamente, en forma presencial, al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Las CTA sostienen que la resolución es nula de nulidad absoluta e insanable, por haber fijado el salario mínimo sin respetar adecuadamente el procedimiento previsto por la Ley 24.013 y sin fundamentar de manera suficiente los criterios utilizados para determinar los aumentos.

Ambas centrales cuestionan además que el monto establecido no contempla adecuadamente la evolución del costo de vida ni los objetivos constitucionales y legales del salario mínimo. Según los datos señalados en la presentación, a agosto de 2026 la inflación interanual alcanzó el 33,3%, mientras que el SMVM registró un incremento interanual del 16,96%.

Las CTA advierten que el salario mínimo quedó por debajo de los valores de la Canasta Básica Total y sostienen que esta situación profundiza la pérdida del poder adquisitivo y el deterioro de las condiciones de vida de las y los trabajadores de menores ingresos.

Asimismo, reclaman que el Consejo del Salario no sea utilizado como una instancia meramente formal y que se garantice un proceso real y efectivo de negociación y diálogo social, en el que las partes puedan formular propuestas, discutir alternativas y procurar alcanzar un acuerdo.

Por estos motivos, las CTA intiman a la autoridad competente a convocar nuevamente al Consejo dentro de las próximas 48 horas y a revisar urgentemente el monto del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Las centrales sindicales advierten que, de no obtener una respuesta, iniciará las acciones administrativas, judiciales y ante los organismos nacionales e internacionales que correspondan para exigir el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales vinculadas al salario mínimo.