Instancia prejudicial y hostigamiento . Desde las 15, diputados bonaerenses debaten hoy proyectos por el sobreendeudamiento de las familias

Hoy (martes) desde las 15 sesionará la Cámara de Diputados provincial donde abordará, entre otros temas, 4 expedientes para reglamentar la prevención del hostigamiento y de las prácticas abusivas de cobranza; crear una instancia prejudicial obligatoria entre usuarios deudores y acreedores; y modificar el procedimiento judicial en materia de sobreendeudamiento.

El viernes pasado, se unificaron distintos proyectos de ley vinculados con la protección de las y los consumidores, con especial atención en las situaciones de sobreendeudamiento, las operaciones de crédito y financiación, los servicios financieros y las prácticas abusivas de cobranza.

Allí, fueron unificados los proyectos presentados por las diputadas Ana Luz Balor y María Noelia Saavedra, y los diputados Juan Ariel Archanco y Juan Martín Malpeli, orientados a fortalecer el marco de protección establecido por la Ley 13.133 y a establecer herramientas específicas frente al endeudamiento de consumo, el endeudamiento digital y las cobranzas abusivas. Esta unificación luego fue aprobada en la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia y luego en Presupuesto e Impuestos.

Esta iniciativa propone modificar la mencionada ley -Código Provincial de Implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios- a partir de tres ejes centrales: la protección durante la contratación y ejecución de créditos, la regulación de la publicidad y promoción de productos crediticios y la prevención del sobreendeudamiento mediante información y educación financiera.

La propuesta plantea fortalecer el derecho de las personas a contar con información clara, transparente y comprensible antes y durante la contratación de un crédito. En este sentido, busca que las entidades prestadoras informen de manera precisa las condiciones de financiamiento, las tasas aplicables y las consecuencias derivadas de la contratación, evitando cláusulas abusivas y situaciones que dificulten la previsibilidad para quienes acceden a un crédito.

El proyecto también incorpora las transformaciones producidas por el avance de las nuevas tecnologías y el crecimiento del uso de billeteras virtuales y plataformas digitales. En ese marco, plantea que las decisiones automatizadas vinculadas con el otorgamiento de créditos sean explícitas y contempla la posibilidad de solicitar una revisión humana de esas decisiones.

Otro de los aspectos centrales es la posibilidad de revisar las condiciones de los créditos cuando se produzcan modificaciones significativas en la situación económica de la persona deudora o en el contexto macroeconómico. La propuesta contempla mecanismos de diálogo y acuerdo con las entidades prestadoras, con la intervención del órgano de aplicación de la normativa, con el objetivo de prevenir situaciones de sobreendeudamiento y evitar que las familias lleguen a escenarios de difícil resolución.

En relación con la publicidad y la promoción de créditos, la iniciativa busca establecer mayores niveles de transparencia y evitar comunicaciones que puedan inducir a confusión. El proyecto pone especial atención en aquellas promociones que presentan la disponibilidad inmediata de dinero sin explicar con claridad que se trata de una operación crediticia, así como en las publicidades que destacan únicamente el valor de una cuota o la facilidad de acceso sin brindar información suficiente sobre las condiciones generales del financiamiento.

El tercer eje está orientado a la información y educación financiera, entendida desde una perspectiva de derechos. La propuesta plantea generar herramientas para que las y los consumidores conozcan sus derechos al momento de contratar un crédito, sepan cómo ejercerlos y puedan acceder a mecanismos que favorezcan acuerdos y contratos más transparentes con las entidades prestadoras.

En el mismo sentido, se unificaron los proyectos de las diputadas Ana Luz Balor y Silvina Vaccarezza, referidos a la prohibición del hostigamiento y el trato indigno en los reclamos extrajudiciales de deuda y a la protección de las personas en situación de sobreendeudamiento.

También sobre la misma temática, se unificaron las iniciativas impulsadas por los diputados Leonardo Moreno y Juan Martín Malpeli, que propusieron modificaciones a la Ley 13.133 para establecer un régimen general de protección de los intereses económicos de las y los consumidores sobreendeudados y crear un régimen judicial de reestructuración de deudas de consumo.

Finalmente se aprobó el expediente del diputado Facundo Tignanelli, que solicita crear el Régimen Provincial de Prevención y tratamiento del sobreebdeudamiento de consumidores. El fin es que la Defensoría acompañe a las personas sobreendeudadas de la Provincia, dejando de negociar cada deuda aisladamente y analizar la situación económica integral de la persona, evitando que un acuerdo con un acreedor haga imposible cumplir con los demás. También favorecer la conservación del crédito y el cumplimiento posible de las obligaciones, prevenir prácticas abusivas en el otorgamiento, administración y cobranza de créditos; disminuir la judicialización; y garantizar condiciones dignas, transparentes y no abusivas de cobranza. Luego este expediente siguió su aprobación en las comisión de Presupuesto e Impuestos.

El sobreendeudamiento, la gran preocupación

La Comisión de Presupuesto, que preside el diputado Juan Pablo de Jesús, aprobó los proyectos de Ley relacionados al sobreendeudamiento y morosidad en las familias bonaerenses, y que habían sido aprobados previamente en la reunión conjunta de Legislación General y de Derechos del Usuario y el Consumidor.

En este marco, avanzaron dos proyectos que declaran la preocupación y el pedido de medidas para las familias sobreendeudadas, de autoría del legislador Marín Rozas. Y una segunda iniciativa, del diputado Avelino Zurro, que declara la preocupación por el deterioro de la situación financiera y endeudamiento de familias en la Cuarta Sección Electoral.

Por último, las y los diputados aprobaron el proyecto de Ley para modificar el decreto 7603/70 "Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de Apelación de la provincia de Buenos Aires", con el objetivo de darle mayor capacidad.