1 de octubre de 2026
Un vecino reclamó la devolución de su vehículo tras declararse la nulidad de su infracción, pero el rodado no apareció y sospecha que fue compactado. A través de un decreto, la Intendencia desestimó el resarcimiento económico al sostener que la custodia del predio donde debía estar alojado correspondía en exclusiva a la Policía de la Provincia de Buenos Aires.
El caso comenzó el 4 de octubre de 2025, cuando personal de
la Comisaría Primera de Tandil secuestró una motocicleta marca Corven, modelo
Triax 150 (dominio A151SLZ), en el marco de una causa por presunta infracción a
la Ley Nacional de Tránsito (N° 24.449) tramitada ante el Juzgado de Faltas N°
2 local.
Tras meses de trámite administrativo, el 30 de julio de 2026
el Juzgado de Faltas declaró la nulidad de todas las actuaciones y dispuso el
inmediato reintegro de la moto a su propietario.
Sin embargo, al intentar efectivizar el retiro en la
dependencia policial donde debía encontrarse depositada, el rodado no fue
localizado, surgiendo la hipótesis de que habría sido destruido en un proceso
de compactación.
La postura del
Municipio y el deslinde de responsabilidades
Ante la imposibilidad de recuperar su vehículo, el
damnificado inició un reclamo administrativo solicitando el esclarecimiento del
hecho y una compensación patrimonial. La respuesta oficial se formalizó
mediante el Decreto N° 2931/2026, firmado por el intendente Miguel Ángel
Lunghi, el cual desestimó el pedido de indemnización.
De acuerdo con las actuaciones técnicas de la Dirección de
Control Vehicular municipal, la Comuna únicamente prestó colaboración logística
a requerimiento policial para trasladar motovehículos hasta el Depósito
Judicial Cerro Leones, sin asumir la guarda, recepción ni custodia de la unidad.
Asimismo, las autoridades locales aseguraron no haber ejecutado ningún
operativo de compactación en las fechas señaladas.
El texto del decreto subraya que, según el convenio de uso
firmado entre el Municipio y el Ministerio de Seguridad bonaerense, la
vigilancia del predio de Cerro Leones y la responsabilidad por eventuales daños
o pérdidas de los bienes allí alojados recae exclusivamente en la órbita
provincial.
Investigación penal
en curso
Al no acreditarse una falta de servicio ni una acción
antijurídica imputable a la administración municipal, el Municipio dio por
cerrada la vía administrativa e indicó al reclamante que dirija sus acciones
ante las autoridades provinciales.
En paralelo, el hecho es objeto de una investigación en el
fuero penal bajo la causa I.P.P. N° PP-01-01-003521-26/00, caratulada "S/ Averiguación
de ilícito", donde la Justicia buscará determinar la suerte final del
vehículo y deslindar las responsabilidades penales correspondientes.
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