15 de octubre de 2026
Durante la Quinta Marcha Federal Universitaria, investigadoras y personal de apoyo del sistema científico advirtieron sobre el éxodo de profesionales, la paralización de obras de infraestructura y la falta de ejecución de fondos internacionales.
En el marco de la Quinta Marcha Federal Universitaria,
investigadoras y trabajadoras de organismos de ciencia y técnica del país
alzaron su voz para exigir la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento y
visibilizar la situación crítica que atraviesa el sector.
Juliana González, investigadora del CONICET en el Centro de
Investigación Veterinaria de Tandil (CIVETAN), y Florencia Ramón, personal de
apoyo en el IGEX, advirtieron que la falta de ejecución de la ley profundiza la
crisis en las instituciones científicas y genera un éxodo de profesionales,
quienes se ven obligados a buscar otros empleos para subsistir.
Las trabajadoras subrayaron que el CONICET y las
universidades públicas forman al 60% del personal dedicado a la investigación
en la Argentina, por lo que remarcaron que resulta inviable proyectar un modelo
de país soberano, libre y democrático sin el impulso de la ciencia y la
tecnología.
Asimismo, expresaron una profunda preocupación frente al
tratamiento del Presupuesto 2027 en el Congreso de la Nación, advirtiendo que
la falta de financiamiento continuo tendrá consecuencias desastrosas para el
desarrollo nacional.
Reclamo salarial,
infraestructura paralizada y fondos del BID
Entre las demandas principales expuestas en la entrevista,
las trabajadoras exigieron aumentos salariales para los empleados estatales, la
asignación de presupuestos para proyectos de investigación y respuestas sobre
el destino de los fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los cuales
denuncian que no se están ejecutando.
A su vez, alertaron sobre la existencia de edificios de
investigación con obras frenadas o que no han iniciado su construcción, sumado
al desfinanciamiento de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo.
Finalmente, advirtieron que esta problemática afecta
directamente a empresas y organismos clave del Estado como la CNEA, el Servicio
Meteorológico Nacional, el INTI y el INTA, impactando negativamente en el
conjunto de la sociedad.
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