8 de febrero de 2026
Tras la presentación penal de los desarrolladores de "Miradores de Montecristo", apuntada contra el Intendente Miguel Lunghi y su Secretario de Obras Públicas, Luciano Lafosse; los mismos denunciantes elevaron esta semana, una carta a la Presidencia del Concejo Deliberante, solicitando al cuerpo la interpelación a los funcionarios cuestionados.
El documento, ingresado el 4 de febrero pasado, al HCD, solicita la "interpelación urgente" del Intendente Miguel Ángel Lunghi y exige la expulsión de sus cargos de los secretarios Luciano Lafosse (Planeamiento y Obras Públicas) y Juan Maciá Cantarelli (Legal y Técnica).
La denuncia describe un presunto esquema de corrupción "caracterizado
por la extorsión a propietarios, el doble discurso y el favorecimiento ilícito
a sectores vinculados al poder local".
El núcleo de la acusación contra el Intendente Lunghi reside
en una presunta contradicción entre sus declaraciones privadas y sus actos
públicos. Según los denunciantes, "en una reunión grabada el 23 de octubre de
2024, el Jefe Comunal reconoció explícitamente la validez de los derechos
adquiridos sobre el loteo de la chacra 274", admitiendo que los planos de 1946
son anteriores al Plan de Desarrollo Territorial (PDT) "y, por lo tanto,
legales".
Sin embargo, públicamente el Intendente habría bloqueado el
expediente administrativo alegando la existencia de una "medida
cautelar" judicial que, según los denunciantes, es inexistente.
"El Intendente confesó haber dictado una 'medida de
hecho', usurpando funciones del Poder Judicial", sostiene el texto
presentado.
El Dr. Juan Maciá Cantarelli, Secretario de Legal y Técnica,
es señalado por "falsedad ideológica y mora dolosa". La denuncia cita audios
donde el funcionario admitiría "haber 'traspapelado' intencionalmente el
expediente durante seis meses para impedir el ejercicio de derechos de los
propietarios".
Además, se acusa a Cantarelli de "actuar con mala fe" al
reconocer en privado que la normativa de 1946 es el "argumento
primordial", comparando el cambio de leyes con la prohibición de fumar en
aviones, pero contradiciendo este saber en dictámenes oficiales.
Los denunciantes advierten que este accionar generará un
perjuicio millonario al fisco municipal por juicios futuros.
Desaparición de
Documentos y Coacción
La situación del Arq. Luciano Lafosse es calificada como de "extrema
gravedad técnica y penal".
Se le imputa la supresión de documento público,
específicamente la desaparición de fojas del expediente municipal que contenían
dictámenes favorables al proyecto inmobiliario, emitidos desde la Provincia.
Según la denuncia, ante el reclamo de los desarrolladores,
el funcionario habría respondido: "No hay ningún expediente... PORQUE ESE
EXPEDIENTE ES NUESTRO".
Asimismo, se añadió que Lafosse habría coaccionado a sus
subordinados, "como la Directora de Catastro, María Riestra, para que firmaran
notas técnicas ilegales, bajo presión jerárquica".
Un punto crítico de la denuncia es el presunto tráfico de
influencias vinculado al empresario Luis Cerone. Se acusa a Lafosse de
paralizar el expediente público basándose únicamente en la oposición del
empresario, quien supuestamente exigiría 500.000 dólares para
"destrabar" el conflicto.
Los denunciantes también exponen una arbitrariedad
manifiesta: mientras se bloquea el proyecto "Miradores", el Municipio
habría aprobado otros loteos con la misma normativa, citando los casos "'Mi
Valle' (Chacra 254): Mismo titular, mismo plano de 1946. LAFOSSE LO APROBÓ"; y "'La
Mata': Lafosse admitió en reunión que sabe que construyen SIN ESCRITURAS, y lo
tolera".
Y argumentan que "en el caso 'Miradores' (Chacra 274):
Teniendo planos aprobados y cesiones legítimas para ejecutar y solventar el
desarrollo, LAFOSSE LO BLOQUEA".
También hacen referencia a una transferencia "a título
gratuito, de inmuebles fiscales a particulares, mediante el Decreto 3713/2023,
aceptando documentación que en otros casos considera insuficiente (Caso La
Colla - Esteban Fernández)".
Pedido de Medidas
Urgentes
El petitorio final dirigido al Concejo Deliberante incluye:
1. Sesión Especial para interpelar a los tres funcionarios.
2. Inicio del proceso de remoción y expulsión de Lafosse y
Cantarelli.
3. Una auditoría integral sobre la donación de tierras
fiscales a Esteban Fernández.
4. La reconstrucción inmediata de las fojas sustraídas del
expediente de la Chacra 274.
Este escándalo pone bajo la lupa la transparencia de la
gestión municipal y el manejo de los derechos de propiedad en Tandil, en lo que
los denunciantes definen como un "régimen de terror administrativo".
Resta conocer ahora, qué postura asumirá cada bloque
legislativo que integra el Concejo Deliberante, y si el pedido de interpelación
al Intendente y sus secretarios, podrá avanzar en el arco político; mientras se
aguarda la reacción en el plano judicial, con la causa penal mencionada, que
recayó en la Fiscalía del Dr. Ignacio Calonje.
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