La causa recayó en la Fiscalía del Dr. Calonje. Desarrolladores de loteo denunciaron penalmente a Lunghi y a Lafosse por "bloquear ilegalmente la Chacra 274"

Una grave denuncia penal sacude la cúpula del Ejecutivo Municipal de Tandil. Los denunciantes acusan al Intendente Miguel Ángel Lunghi, al Secretario de Obras Públicas Luciano Lafosse y a particulares, de delitos que van desde la "defraudación pública" hasta el "tráfico de influencias y la extorsión".

Juan Pedro Martin Burs, Roberto Gastón Giove y el abogado Jorge Heter han presentado una formal denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal contra el Intendente Miguel Ángel Lunghi, el Secretario de Obras Públicas Luciano Lafosse, y los particulares Luis Cerone y Esteban Andrés Fernández.

La acción legal persigue la investigación de una trama que los denunciantes describen como un "plan criminal organizado y sistemático" ejecutado desde la máxima jerarquía municipal para apropiarse de bienes privados y defraudar al Estado.

Bloqueo ilegal y la "falsa cautelar" de Lunghi

El núcleo de la denuncia se centra en la Chacra 274, donde se proyecta el desarrollo "Miradores de Montecristo".

Según los denunciantes, el Intendente Lunghi "incurrió en abuso de autoridad y estafa procesal al declarar públicamente la existencia de una medida cautelar judicial sobre la propiedad que, en realidad, nunca fue dictada".

Según los denunciantes, "el propio Intendente había reconocido inicialmente, en una reunión grabada, la legalidad del loteo (que data de 1946), pero posteriormente cambió su postura".

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Y apuntan a una entrevista del jefe comunal en Radio Tandil, en la que sostuvo "No, yo he pedido una cautela, Yo en este caso he pedido una cautelar. Que hasta que no salga la resolución y se pongan de acuerdo no se puede hacer nada".

Los desarrolladores afirman que "esta situación nos ha provocado un grave perjuicio económico, dado que las declaraciones del Intendente generaron temor en posibles compradores de lotes en Miradores de Montecristo, afectando su disposición a invertir".

Los denunciantes sostienen que "el Intendente admitió que el bloqueo administrativo no responde al interés público, sino a una disputa privada donde el municipio favorece a terceros, específicamente al empresario Luis Cerone".

La denuncia apunta al empresario local Cerone como "el instigador y beneficiario económico de la maniobra".

Según el escrito, que recayó en la UFI 24 de Delitos Complejos del fiscal Ignacio Calonje, las pruebas incluirían "audios, donde el Secretario Luciano Lafosse admite que el expediente no avanza por la oposición de Cerone".

Más grave aún es la acusación de extorsión: según el relato, "una semana después de que el municipio iniciara el bloqueo coordinado de la chacra, Cerone se presentó en el predio exigiendo 500.000 dólares para 'levantar el bloqueo' impuesto por sus socios en la función pública".

"La Trampa Tributaria"

En la presentación penal, los denunciantes realizan un relato de algunos hechos ocurridos previamente, donde expresan que "el Municipio, tras gestión del Escribano Juan Manuel García, nos liquida los impuestos municipales 'Lote por Lote'. Entramos en moratoria. El Municipio reconoce jurídica y tributariamente la existencia de los lotes".

"Apenas un mes después de asegurarse el cobro, se activa el bloqueo coordinado: Luciano Lafosse solicita, ante la DPOUT, la 'unificación' de la Chacra 274 (intentando borrar los lotes que acababan de cobrar); y la Usina Municipal (en el mismo día exacto) nos deniega la bajada de luz. Conclusión: Hubo una orden sincronizada para paralizar el desarrollo".

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Y añadieron que "una semana después del bloqueo administrativo, Luis Cerone se presenta en el predio intentando usurparlo (hecho denunciado penalmente por Martín Burs). En ese contexto, Cerone explicita el precio para levantar el bloqueo que sus socios funcionarios impusieron: 'Hasta que no aparezcan 500.000 dólares, la gente que trabaja para mí no va a dejar de molestarlos..'.".

Irregularidades administrativas y supresión de documentos

El Secretario de Obras Públicas, Luciano Lafosse, es señalado por ejecutar "un bloqueo basado en voluntad personal por encima de la ley".

Al funcionario se le acusa de:

- Falsedad ideológica: Al enviar datos catastrales falsos a la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial (DPOUT) para inducir a error a la provincia y obtener una negativa técnica que justificara el bloqueo.

- Supresión de documento público: Los denunciantes afirman que Lafosse "retuvo físicamente el expediente y que se detectó la sustracción de fojas (del folio 64 al 120) para ocultar resoluciones favorables a los propietarios".

- Arbitrariedad discriminatoria: Testimonios indican que "la Usina Municipal revocó la factibilidad eléctrica del predio por 'orden política', mientras se garantiza el servicio a asentamientos informales.

El Caso "La Colla": Entrega de tierras públicas "a título gratuito"

La denuncia expone un presunto modus operandi dual. Mientras se bloquea a los legítimos propietarios de la Chacra 274, el Intendente Lunghi habría firmado el Decreto 3713/2023 para transferir a título gratuito un inmueble fiscal a favor de Esteban Andrés Fernández y una ciudadana italiana, Rosaria La Colla.

Este acto es calificado como "una administración fraudulenta", ya que la ley permite la venta directa a propietarios linderos bajo ciertas condiciones, "pero prohíbe regalar el patrimonio público".

Se sospecha que "esta maniobra busca despojar al Estado de una herencia millonaria (más de 30 propiedades) que debió ser declarada vacante".

Los denunciantes estiman que "el accionar municipal podría generar un perjuicio económico de al menos 8.890.000 USD para las arcas de Tandil, debido a las futuras compensaciones y 'permutas' que el municipio debería afrontar por su mala gestión".

Ante la gravedad de los hechos y el riesgo de destrucción de pruebas, se ha solicitado al Fiscal un plan de acción urgente que incluye:

· Allanamientos en el Palacio Municipal (despacho de Lafosse y Dirección de Catastro) para secuestrar expedientes y peritar computadoras.

· Registro de la Usina Popular y Municipal.

· Allanamiento de los domicilios particulares y oficinas de Luis Cerone, Miguel Lunghi y Luciano Lafosse para el secuestro de dispositivos móviles.

La justicia ahora deberá determinar el alcance de esta red de influencias que, según la denuncia, "ha reemplazado el derecho administrativo por un 'feudo', basado en la voluntad discrecional de sus funcionarios".