Las consecuencias del decreto que firmó ayer el presidente de Estados
Unidos, Donald Trump, y que prohíbe el uso de fondos del gobierno para
subvencionar a grupos que practiquen o asesoren sobre el aborto en el
extranjero, pueden ser "devastadoras" y "catastróficas" para millones de
mujeres en el mundo, según profesionales de la salud y legisladores.
El decreto, uno de los tres primeros que rubricó Trump en su administración
y que retoma una política republicana de la década de 1980 que Barack Obama
canceló en 2009, prohíbe otorgar fondos estadounidenses a ONGs
internacionales que ofrezcan o asesoren sobre planificación familiar y
salud reproductiva, incluido el aborto.
Los fondos no son específicamente para la interrupción de embarazos no
deseados.
Previo a esto, Estados Unidos invertía unos 600 millones de dólares anuales
en asistencia internacional para programas de planificación familiar y
salud reproductiva, lo que permitía a 27 millones de mujeres y parejas
acceder a servicios y suministros de anticonceptivos.
A partir de este decreto, la realidad se revierte. Esta medida afectará
principalmente a la rama internacional de Planned Parenthood, una ONG
estadounidense que proporciona servicios de salud reproductiva en más de
180 países y que es el blanco de los ataques de los republicanos.
Según la senadora demócrata por New Hampshire, Jeanne Shaheen, una de las
primeras en alzarse contra la medida, "el restablecimiento de esta política
ignora décadas de investigación y pone la ideología por encima de las
mujeres y las familias".
Es que la concesión o no de fondos gubernamentales a los grupos pro aborto
en el exterior es desde hace tiempo motivo de un tira y afloje político
constante, ya que se autorizan durante mandatos demócratas y se prohíben
con los republicanos.
"Sabemos que cuando los servicios de planificación familiar y los
anticonceptivos son fácilmente accesibles, hay menos embarazos no
planificados, muertes maternas y abortos. Y cuando las mujeres tienen
control sobre su salud reproductiva, mejora la salud a largo plazo de las
madres y los niños y crea un beneficio económico duradero", explicó la
senadora.
Como un guiño a quienes están contra la legalización del aborto y el
derecho a decidir, Trump firmó este decreto un día después de una fecha
conmemorativa clave: el 22 de enero de 1973 la Corte Suprema legalizó el
aborto en los Estados Unido tras el histórico fallo Roe vs. Wade. Estados
Unidos es el donante más grande con casi $ 3.000 millones de dólares que
invierte en salud reproductiva a través de la Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional (USAID).
Una de las ONGs que trabaja la salud reproductiva a nivel mundial y que
recibe dinero de Estados Unidos es la Federación Internacional de
Planificación de la Familia (IPPF, por sus siglas en inglés).
Según declaraciones al diario británico The Guardian, desde IPPF
sostuvieron que tras este decreto podrían perder hasta 100 millones de
dólares que reciben de Estados Unidos y ni un dólar de ese aporte "se usa
para servicios de aborto".
"Sería devastador", afirmó Amu Singh Sijapati, presidente de la Asociación
de Planificación Familiar de Nepal, miembro de la IPPF, que utiliza fondos
para capacitar a trabajadores de la salud y abrir clínicas en zonas remotas
del país para entregar anticonceptivos de acción prolongada a mujeres
desfavorecidas.
"Los recortes de fondos significarían que no podemos apoyar el esfuerzo del
gobierno de Nepal en salud y derechos sexuales y reproductivos. Además, no
podríamos administrar clínicas, ni capacitar a trabajadores. El impacto
también significa que perderíamos personal médico esencial", agregó
Sijapati al diario británico.
Desde la ONG internacional Marie Stopes, que trabaja en 37 países y que
ayuda a las mujeres a "tener hijos por elección y no por azar", sostuvieron
que la decisión de Trump es "catastrófica" y serán las mujeres en países en
desarrollo "las que paguen el precio", afirmó su vicepresidenta Marjorie
Newman-Williams a la cadena CNN.
De acuerdo a ella, la pérdida de sus servicios podría causar "6,5 millones
de embarazos no deseados, 2,2 millones de abortos, 2,1 millones de abortos
inseguros y 21,700 muertes maternas" y más de 1,5 millones de mujeres no
tendrán ayuda anticonceptiva.
"Los intentos por detener el aborto a través de leyes restrictivas -o
mediante la retención de la ayuda a la planificación familiar- nunca
funcionarán, porque no eliminan la necesidad de las mujeres de abortar",
agregó Newman-Williams.
Nancy Northup, presidenta del Centro para los Derechos Reproductivos,
agregó en un comunicado que esta prohibición "sólo llevará a aumentos en
los embarazos no deseados, abortos inseguros, muertes maternas y de los
recién nacidos".
El ex presidente George W. Bush ya había vetado esta ley en 2001. En ese
momento, para IPPF el cambio fue significativo y afectó sus programas por
años.
Según EngenderHealth, una organización mundial de la salud de la mujer, por
los recortes de la era de Bush no hubo acceso a anticonceptivos en más de
20 países en desarrollo de Asia, África y Medio Oriente. Además,
despidieron personal médico y se redujeron programas de planificación
familiar, de VIH y programas de salud materno-infantil.