Locales. Desde UxP solicitan la reglamentación del Programa de Participación Ciudadana en el Sistema de Videovigilancia Público

El bloque de Concejales de Unión por la Patria, presentó un
proyecto de comunicación en donde le solicita al departamento ejecutivo, la
reglamentación de la ordenanza 17.835 que se aprobó en diciembre de 2022 y que
contempla la creación del Programa de Participación Ciudadana en el Sistema de
Videovigilancia Público más el Registro Voluntario de Cámaras de
Videovigilancia en el ámbito del Municipio de Tandil. La edil Noelia
Domenighini, quien presentó el escrito, detalló que, "hay un deber de seguridad
que debe atender el Municipio y que le debe brindar a los vecinos, fundamentalmente
con la prevención del delito y la visibilización de las problemáticas que
acontecen, para evitar que esto siga creciendo. Uno de los modos de prevenir es
la utilidad de estos registros de cámaras voluntarias, que tiene un fin
solidario, colaborando para aumentar la seguridad de todos en Tandil y hace un
año y medio que no hacen nada al respecto".

"Es llamativo que en ese plazo el ejecutivo aún no
reglamentó esta ordenanza, no han hecho nada en más de 500 días de sancionada
en el Concejo Deliberante. Todos los bloques hemos trabajado sobre los dos
proyectos presentados, uno de Unión por la Patria y el otro del oficialismo,
pero entendemos que al Intendente y todo su gabinete le falta tomar más la
iniciativa y darle celeridad a este tipo de ordenanzas tan importantes para la
ciudadanía tandilense", apuntó Domenighini.

Cabe destacar que esta iniciativa consiste en la integración
y enlace de cámaras particulares al sistema de cámaras que el Estado controla a
través del centro de monitoreo. De esta manera, se ampliará la red para
fortalecer la seguridad ciudadana y prevenir el delito. El proyecto se elevó y
se aprobó el 16 de diciembre de 2022 y fue abordado en comisiones, donde
recibió aportes de todos los bloques parlamentarios. En el marco de una
creciente ola de delitos en la ciudad, la ordenanza contempla que las cámaras
de particulares sean anexadas al sistema público previo acuerdo de los
propietarios, a quienes se les garantizará confidencialidad de la información.
Con esta herramienta, se espera que la ampliación de la red de cámaras redunde
en una mayor tasa de esclarecimiento de delitos, al brindar a los
investigadores judiciales nuevas fuentes de imágenes de prueba.