La marcha atrás del presidente estadounidense, Donald Trump, con la

separación de familias de migrantes en la frontera con México desató hoy

confusión sobre cómo aplicar las nuevas reglas y preocupación sobre si no

son insuficientes, ya que los niños seguirán detenidos incluso si

permanecen con sus padres.

"Estamos complacidos de que el presidente haya puesto un freno a esta

política inhumana y despiadada de separar a los padres de sus chicos", dijo

Peter Schey, el abogado que impulsó una demanda que resultó en un acuerdo

clave que tutela el tratamiento de los niños migrantes detenidos, conocido

como acuerdo Flores.

Pese al decreto presidencial, Schey dijo que le preocupaba que varios miles

de niños ya han sido separados de sus familias "sin que la administración

Trump tenga ningún procedimiento en vigencia para reunir a esos chicos con

sus padres, muchos de los cuales ya han sido deportados", informó la cadena

CNN.

Trump dijo ayer que no le gustaba ver a niños separados de sus familias y

ordenó poner fin a esa práctica, cediendo a un vendaval de críticas

internas y externas apenas días después de haber insistido en que no podía

solucionar la cuestión por decreto, que fue precisamente lo que hizo, y que

debía actuar el Congreso.

Sin embargo, también aclaró que el decreto no ponía fin a su política de

"tolerancia cero", algo que reiteró hoy en una serie de tuits, y que los

niños serán mantenidos en detención mientras se juzga a sus padres por el

delito de ingreso ilegal al país a través de la frontera con México.

"La frontera ha sido un gran desorden y un problema durante muchos años",

dijo hoy el presidente en su cuenta de Twitter.

No quedó en claro qué pasará con los más de 2.300 niños separados de sus

padres desde que se implementó la política de tolerancia cero, a principios

de mayo.

Funcionarios dijeron que estaban trabajando para reunir a las familias tan

pronto como sea posible, pero no dieron respuestas claras sobre cómo se

logrará esa meta.

"Aún es demasiado pronto y estamos esperando más instrucciones", dijo un

vocero del Departamento de Salud y Servicios Sociales, Brian Marriot.

Un consejero de la Fiscalía General, Gene Hamilton, dijo ayer que el

decreto de Trump era una medida "temporal" e insistió en que la única

solución definitiva al problema es una ley de inmigración integral, tal

como dice el mandatario republicano, que quiere que la norma incluya la

construcción de un muro en la frontera con México.

"Deberíamos cambiar nuestras leyes (de inmigración), construir el Muro (en

la frontera con México), contratar Agentes Fronterizos y del ICE (el

Servicio de Inmigración y Aduanas)", agregó Trump en Twitter.

Hamilton afirmó que el decreto de Trump es "perfectamente legal", aunque

admitió que contraviene al acuerdo extrajudicial Flores, al que se

comprometió en 1997 el gobierno del entonces presidente Bill Clinton y que

impide a las autoridades privar de libertad durante más de 20 días a los

menores indocumentados detenidos en la frontera.

Por eso, el Departamento de Justicia planea pedir a una corte federal de

California que modifique el acuerdo Flores para que el gobierno de Trump

pueda "mantener juntas a las familias durante todo el proceso" judicial

relativo a los cargos criminales o el procedimiento de deportación, según

el decreto.

La oposición demócrata cree que Trump decidió procesar criminalmente a los

inmigrantes y separar a las familias precisamente para forzar al Congreso a

ceder en sus prioridades migratorias, además de disuadir a los

indocumentados de entrar en Estados Unidos.

El senador demócrata Tom Carper dijo que tenía dudas sobre si los padres

podrán encontrar a sus hijos.

"También estoy profundamente preocupado por informes de que la

administración, en su apuro por mantener de rehenes a niños inocentes para

exigir fondos para el muro fronterizo, no ha planeado ni dispuesto

apropiadamente un proceso para reunir a las familias luego de su

separación", agregó Carper, citado por la cadena ABC.

Kay Bellor, vicepresidente de la división programas del Servicio Luterano

de Inmigración y Refugiados, una de las organizaciones de reubicación de

refugiados más grandes de Estados Unidos, se mostró preocupado en

particular por el hecho de que el nuevo decreto establece que los niños

sigan detenidos, aun cuando estén con sus padres.

"Aunque los chicos ya no van a ser arrancados de los brazos de sus padres

con el único propósito de disuadir la inmigración, irán a prisión con sus

padres. La prisión nunca es un lugar apropiado para un niño", señaló

Bellor.