Nacionales. El PJ rechazó la norma que permite­ recuperar bienes de la corrupción­

Peronistas y kirchneristas de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo emitió dictamen mayoritario de rechazo a tres decretos de necesidad y urgencia (DNU) firmados por el presidente Mauricio Macri en enero, entre ellos, el que dispone la extinción de dominio de los bienes adquiridos mediante actos de corrupción y delitos complejos como el narcotráfico y la trata de personas.­

El rechazo reunió ocho firmas, mientras que el oficialismo contó con otras ocho firmas para la aprobación, pero desempató a favor del rechazo el presidente de la bicameral, el camporista Marcos Cleri.­

Para que los decretos sean derogados hace falta ahora que sean rechazados por los plenarios de las dos Cámaras. Hasta ahora ningún DNU llegó a esa instancia.­

El peronismo/kirchnerismo dictaminó también en contra de otros DNU, uno que crea la Agencia Nacional de Deportes y otro que habilita al Enacom a licitar frecuencias del espectro radioeléctrico dependientes de Arsat.­

ASPEREZAS­

La decisión de rechazar el DNU de extinción de dominio provocó un áspero debate en el que el peronismo se opuso sobre la base de dos argumentos: que era inconstitucional y que su promulgación constituía un avasallamiento del Congreso.­

El oficialismo, a través del diputado Luis Petri, señaló que el kirchnerismo se oponía "en defensa propia" y que de la norma en debate depende el rescate de bienes por 250 mil millones de pesos.­ La senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti, en tanto, calificó al decreto de "mamarracho" y a la decisión del Presidente de promulgarlo de "fujimorazo".­

La extinción de dominio sufrió un complejo trámite en el Congreso. En 2016 y al calor del escándalo de los bolsos de José López en el convento de General Rodríguez, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto para desposeer rápidamente a los funcionarios corruptos de lo obtenido mediante ilícitos.­

La iniciativa fue retenida durante casi dos años en el Senado y finalmente sancionada con cambios que le dieron un sentido exactamente opuesto al texto de Diputados.­

Exige que para se pueda quitar la titularidad de un bien a un delincuente haya condena penal firme, trámite judicial que normalmente toma un promedio de 14 años en Argentina.­ También declara que el desapoderamiento solo será aplicable para delitos futuros, no a los de, por ejemplo, el período kirchnerista.­ Ante esta situación el Ejecutivo emitió el DNU que es similar a la sanción de Diputados.­