Hoy, mañana y el miércoles, se realizarán las audiencias de juicio oral en Azul, donde se determinará la inocencia o culpabilidad del subprefecto Eduardo Ramírez y el sargento Carlos Martínez, ex jefes de la Unidad 37 de Barker, detenidos por una causa caratulada "incumplimiento de los deberes de funcionario público, infracción a las ley de drogas, cohecho y entrega de arma de fuego".

El magistrado Pablo Borghi, y un jurado de 12 civiles, tendrán a su cargo la decisión final sobre la suerte de los penitenciarios. 

Los hechos ocurrieron en 2015, y familiares de Ramírez acudieron a esta Redacción para clamar su "inocencia", alegando que se trata de una "causa armada", con un trasfondo político detrás. 

Todo comenzó cuando, según el relato de los detenidos, la abogada Karina Valenti presentó un habeas corpus colectivo, tras un motín en el que 61 presos de la unidad penitenciaria 37 de Barker denunciaron malas condiciones de alojamiento. 

Fue en ese marco y durante una recorrida de funcionarios judiciales que los internos le facilitaron algún soporte digital con imágenes en las que se ven supuestos "bagullos" de marihuana y a un detenido sosteniendo un arma de fuego.

Con esos elementos como prueba central, se solicitó la detención de quienes eran el jefe del penal y el encargado del pabellón de los amotinados, Ramírez y Martínez respectivamente, que desde entonces se encuentran detenidos.

"La foto es de muy baja calidad y sólo muestra algo envuelto con nylon, que los presos dicen que es marihuana", explicó Ramírez en diálogo con NOVA, y agregó que "toda la causa esta armada así, nunca hubo un secuestro de drogas y el arma que se ve en la imagen es una réplica de madera hecha por un interno, que nunca fue secuestrada tampoco".

Allegados a los agentes penitenciarios detenidos manifestaron además que "existe una clara intencionalidad política de mantenerlos detenidos como muestra de acción por parte de las autoridades" y coincidieron en que "estos problemas comenzaron con el gobierno anterior y se profundizaron con este, que le da mayores beneficios a los presos que a los trabajadores".

Pero además de la inexistencia de pruebas materiales que corroboren los dichos de los internos, los acusados advierten que en una denuncia previa que recayó sobre personal de la unidad 39 de Ituzaingó, el principal denunciante era un interno de nombre Pablo Javier Perera Montoya y la abogada era Karina Valenti, los mismos protagonistas de la denuncia contra Ramírez y Martínez.

En ese caso, la fiscalía desestimó la denuncia por falta de pruebas que pudieran corroborar los hechos denunciados, como pretenden los familiares de Ramírez que ocurra en este caso.