20 de noviembre de 2026
La denuncia por abuso sexual contra el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, Roberto Martínez Lastra, expone no solo la gravedad de los hechos investigados, sino también las complejas asimetrías de poder y las barreras institucionales que enfrentan las víctimas cuando deciden romper el silencio.
El caso tramita actualmente en dos carriles paralelos: el fuero penal y el ámbito administrativo municipal. Mientras la justicia penal avanza con celeridad, el rol del Municipio queda severamente cuestionado por su inacción y falta de respuesta.
En diálogo con La Voz de Tandil, el abogado defensor de una de las víctimas, Dr. Facundo Llano, detalló las novedades de la causa, subrayó la importancia de garantizar instancias reales de escucha y denunció el "silencio negativo" de las autoridades locales frente a los requerimientos de la querella.
En la esfera judicial, la investigación penal ha experimentado "progresos significativos" a partir de las últimas medidas dictadas por la fiscalía interviniente. Según explicó el Dr. Facundo Llano, el representante del Ministerio Público Fiscal "se ha movido muy rápido y bien", disponiendo "una ampliación de la declaración testimonial de la denunciante para complementar la presentación inicial".
Esta audiencia permitió a la víctima dar su testimonio en un entorno de resguardo técnico y contención legal. Llano describió la exposición de su representada como "muy amplia, extensa y detallada", destacando el valor simbólico y procesal de este paso en un sistema judicial que históricamente ha condicionado o invisibilizado las voces de las mujeres afectadas por violencia de género.
"Creo que fue una buena instancia de escucha por parte de la justicia y una instancia necesaria para la denunciante", aseveró Llano.
Tras la ratificación y profundización de la denuncia, el fiscal del caso ordenó una serie de medidas de prueba orientadas al esclarecimiento de los hechos, las cuales fueron valoradas positivamente por la representación legal de la víctima. Respecto de los pasos futuros en los tribunales, el letrado ratificó que la estrategia se centrará en acompañar e impulsar la instrucción criminal.
"Nosotros vamos a esperar en este caso qué resulta de las pruebas ordenadas por el fiscal. Vamos a estudiar qué propuestas podemos hacer nosotros como particular damnificado que somos, que nos hemos constituido, y después vamos a seguir la lucha administrativa".
En contraste con el impulso del fuero penal, la actuación del Ejecutivo municipal en el plano administrativo revela profundas fallas en el cumplimiento de los deberes de cuidado y protección hacia la trabajadora. La querella ha presentado escritos ante dos organismos, la Comisión de Asistencia a la Víctima (CAV), dependiente de la Jefatura de Gabinete, y el Sistema Integrado de Salud Pública (SISP), ámbito donde tramita el sumario administrativo correspondiente.
Entre las medidas solicitadas por la defensa de la víctima, se destaca el pedido de exclusión del Sindicato en el abordaje del tema específico, con el objetivo de erradicar cualquier tipo de injerencia o coerción por parte del entramado gremial encabezado por el denunciado. Asimismo, se exigió un informe detallado sobre la aplicación del dispositivo de masculinidades resuelto por la propia CAV respecto de Martínez Lastra, para constatar si efectivamente se ejecutó, en qué fechas y qué constancias obran en el expediente.
Frente a estos requerimientos, la respuesta institucional del Municipio ha sido el mutismo, configurando lo que el abogado definió como un patrón de "revictimización por omisión".
"Silencio negativo. Nosotros creemos que se está manejando muy mal la CAV en su conjunto. Si el sindicato no lo hacía por sus propios medios, que no lo hizo, debió informar respecto a este dispositivo de masculinidades que ellos mismos resolvieron y no lo hizo, y debió informarnos respecto del estado actual del sumario y no lo hizo", sostuvo Llano.
La falta de información y la ausencia de medidas preventivas efectivas dejan al descubierto una cultura institucional que prioriza el resguardo de las estructuras de poder corporativo y gremial por encima de la integridad de la denunciante.
La perspectiva de género exige visibilizar de qué manera la violencia se entrelaza con la precarización laboral y la vulnerabilidad administrativa. En el sumario administrativo, el equipo legal de la víctima ha objetado el tratamiento otorgado a la denunciante en su condición de agente municipal.
Las constancias del expediente muestran una preocupante inestabilidad en la situación de revista de la trabajadora, signada por sucesivos decretos de asignación en comisión alternados con notas emitidas por el propio sindicato donde este da de baja su intervención. Estos movimientos, donde la agente es derivada al sindicato, regresa al SISP y vuelve a ser trasladada, constituyen irregularidades que impactan de lleno en su estabilidad emocional y laboral.
Llano enfatizó que estas maniobras administrativas resultan "dignas de investigar y resolver por parte de la autoridad administrativa", sugiriendo que "la discrecionalidad en los pases laborales fue utilizada como un mecanismo indirecto de presión o castigo administrativo contra la denunciante".
La inacción del gobierno local no solo afecta la representación de la víctima, sino que obtura la labor de contralor democrático. El concejal del bloque Fuerza Patria, Marcelo Valle, presentó hace más de 20 días un pedido de informes formal en el Honorable Concejo Deliberante para exigir explicaciones al Ejecutivo sobre el estado de las actuaciones. Hasta el momento, el pedido no ha recibido respuesta alguna por parte del gabinete municipal.
Esta actitud evasiva pone en evidencia una clara contradicción entre la retórica oficial en materia de políticas de género y la práctica política efectiva cuando los denunciados son dirigentes de peso político y sindical.
"Hay reticencia absoluta por parte del Municipio como empleador y como responsable de llevar a cabo las instancias administrativas, tanto en la Jefatura de Gabinete como en el Sistema Integrado de Salud Pública", denunció el abogado querellante.
Al cierre de sus declaraciones, el Dr. Facundo Llano sintetizó la paradoja institucional que atraviesa la causa y que grafica el obstáculo estructural al que se enfrentan las mujeres que denuncian a varones poderosos en el ámbito público:
"Lamentablemente, por un lado, generan un protocolo, dicen defender a las víctimas, y por el otro obran en sentido contrario".
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