El representante del MPF entendió que la decisión del juez era prematura y afirmó que todavía faltan completar algunas diligencias. Además, refirió la importancia de insistir con la dimensión internacional.

El titular de la Fiscalía Criminal y Correccional Federal N°6, Federico Delgado, apeló la decisión del juez Sebastián Casanello que se declaró incompetente y asignó al Juzgado de Instrucción N°20 –por la posible omisión maliciosa de consignar datos en la declaración jurada de Mauricio Macri en el que no aparece un campo en Tandil- y -por el resto del proceso- remitió las actuaciones al fuero en lo Penal Económico según consigna el sitio fiscales.
El representante del MPF apeló la decisión del magistrado y estructuró su presentación en dos partes, una primera explicando la ampliación del objeto procesal, entre otros, y una segunda identificando los agravios de la Fiscalía. Según Delgado “el objetivo de la causa es inspeccionar la vida social de Fleg Trading y Kagemusha para saber si en ese recorrido se cometió un delito. A esa inspección está atada otra, determinar el carácter de la omisión de Mauricio de consignar datos en su declaración jurada. Específicamente, su rol en dichas firmas. Si fue nominal no debía declararlos. Si fue remunerado de algún modo, si. Además, desentrañar la entidad y alcance de su participación en Yacylec y la propiedad de unas hectáreas ubicadas en Tandil”. Sobre Kagemusha, explicó que no hay indicio de un delito, como sostuvo el juez federal.
Asimismo, esgrimió las razones por las cuales –para la fiscalía- la cuestión en torno a la firma “Fleg” resulta ser más “opaca”, en oposición a lo que sostuvo el magistrado, para quien la situación “comenzó a aclararse a partir de la presentación de Franco Macri y de los instrumentos que acompañó Concepción Loi recientemente”.
“Los nombrados trataron de demostrar que Franco Macri diseñó e implementó el nacimiento de Fleg y la relación entre Fleg, Owners y Socma Americana. Por eso ambos brindan una versión de los hechos. Pero esa versión que el instructor da por acreditada no se condice con las actas de la Inspección General de Justicia que muestran que la articulación entre dichas sociedades fue diferente. Además hay también un problema de temporalidad. Las actas certificadas por escribano público que aportó Loi hablan de movimientos de dinero de 1997 y Fleg nació en septiembre de 1998”, sostuvo la fiscalía y agregó- en su apelación- la importancia de reconstruir las actividades de esta última firma en la República Federativa del Brasil, en el marco del proyecto “Pago Fácil”.
En el mismo sentido, otro de los agravios que refiere la fiscalía tiene que ver con la decisión del juez de apoyarse en la interpretación que de una parte de ella hizo la Unidad de Información Financiera, “el juez se apoyó en la UIF que a sus vez se basó en ´información de inteligencia´ cuyas premisas y soporte material no conocemos, precisamente porque su fuente es la ´inteligencia´”.
Sobre la incompetencia y el envío de la parte del expediente a la justicia ordinaria - el análisis de la omisión de consignar datos en la declaración jurada de Mauricio Macri- , se desprende de la apelación “que se trata de una infracción formal, acerca de la que hay que desentrañar si había obligación de declarar esos datos. Todas las consideraciones que realizó el instructor sobre las interferencias normativas entre ese hecho y el enriquecimiento ilícito no quitan ni agregan nada. La omisión de que se trata es autónoma y se limita a la relación de Mauricio Macri con la ley de ética pública y las normas que la reglamentan (…) esa obligación depende de la otra dimensión que aquí se investiga, como ya lo dijimos. En efecto, el termómetro para decidir el punto es determinar si Mauricio Macri percibió algún tipo de remuneración de ´Fleg´ o ´Kagemusha´”.
Finalmente, Delgado expresó la importancia de los avances cualitativos y significativos, y entendió que la decisión del juez es prematura. El representante del MPF manifestó que todavía falta completar algunas diligencias y afirmó que recién cuando la información esté disponible, el magistrado “podrá tomar una decisión de acuerdo a la teoría de la elección racional y resolver en consecuencia”. www.fiscales.gob.ar