13 de mayo de 2026
El proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo busca modificar el régimen actual, lo que podría dejar a millones de usuarios sin el beneficio del 30% y 50% de descuento en el gas. Advierten que se trata de una "eliminación encubierta" de derechos adquiridos por razones climáticas.
Las Defensorías del Pueblo de diversas jurisdicciones han
manifestado su firme rechazo ante una nueva ofensiva del Poder Ejecutivo
Nacional para modificar o derogar la Ley de Zona Fría.
El proyecto de ley busca transformar el esquema actual en un sistema de subsidios focalizados y discrecionales, lo que, según los expertos, representaría un grave retroceso para las economías familiares en regiones donde el clima exige un uso intensivo de la energía.
Una "eliminación
encubierta" de la zona ampliada
Actualmente, ciudades de la costa, del centro y sur de la
provincia de Buenos Aires (como Tandil), así como sectores de Córdoba y Santa
Fe, gozan de una bonificación del 30% en la tarifa de gas de red, que se eleva
al 50% para sectores vulnerables, tales como jubilados, pensionados,
beneficiarios de la AUH y entidades de bien público.
La propuesta oficial pretende que el Poder Ejecutivo decida
de forma discrecional qué localidades entrarían en el beneficio, qué grupos lo
recibirían y cuál sería el valor del subsidio. En la práctica, esto implicaría
que solo volverían a contar con el beneficio las zonas originales (Patagonia,
Malargüe y La Puna), eliminando la ampliación lograda en 2021.
Se estima que entre 2 y 3 millones de usuarios perderían el
subsidio con este cambio de esquema.
El impacto en el
bolsillo: facturas impagables
Desde las defensorías advierten que el impacto en las
boletas será devastador. Con aumentos proyectados de alrededor del 8% mensual,
la eliminación del descuento del 30% o 50% convertiría a las facturas en
"impagables" para el ciudadano promedio.
Es importante destacar que este beneficio no es un regalo
del Estado, sino que se sustenta a través de un fideicomiso especial (un
recargo de aproximadamente el 7,5% que pagan todos los usuarios del país) para
colaborar con quienes, por razones geográficas, tienen un consumo elevado de
gas por frío.
"No es que tenemos una pileta climatizada, sino que
gastamos más por un uso intensivo por el frío", señalaron representantes
de las defensorías, resaltando que el acceso a la calefacción es un derecho
adquirido.
El reclamo llega al
Congreso
Ante la falta de una política regional que contemple las
variables climáticas del norte y sur del país, los Defensores del Pueblo han
solicitado participar en la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.
Su objetivo es llevar la voz de los ciudadanos y presentar
estudios pormenorizados sobre el impacto social de esta medida, que también
afecta a quienes dependen del Programa Hogar y sufren dificultades para
conseguir garrafas a precios subsidiados.
La incertidumbre crece mientras se espera el tratamiento del
proyecto en el Congreso, en un contexto donde los reclamos por el costo de la
energía y la pérdida de poder adquisitivo se multiplican en todo el territorio
nacional.
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